- Se busca la sostenibilidad y mejora de la eficiencia de la institución, así como garantiza la protección y reconocimiento de los derechos laborales de todas las personas trabajadoras.
- Se mantiene como la autoridad portuaria de Costa Rica en el Caribe: supervisa las operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín; impulsa y da seguimiento a los proyectos productivos que van a impactar toda la provincia con el canon de la TCM, sigue prestando servicios y busca implementar nuevos negocios de cruceros y manejo de carga.
El proyecto de ley aprobado en primer debate con 38 votos de diferentes fracciones, incluyendo a la fracción del Partido Acción Ciudadana, tiene como objetivo transformar y modernizar JAPDEVA para darle las condiciones necesarias para seguir impulsado la operación portuaria y el desarrollo de todos los cantones de la provincia de Limón.
No se está discutiendo su cierre, pero sí es necesario atender de manera oportuna los problemas estructurales y financieros que impiden a la entidad lograr este proceso de transformación, los cuales le permitirán seguir siendo la autoridad de los puertos del Caribe de Costa Rica; supervisar las operaciones de la Terminal de Contenedores de Moin; impulsar y dar seguimiento a los proyectos productivos que van a impactar a Limón durante los siguientes 30 años con los recursos que generan el pago del canon de la TCM y le permita implementar nuevos negocios en el área de cruceros, manejo de carga y entre otros.
“Tenemos absoluta claridad del papel fundamental de JAPDEVA para Limón y para Costa Rica, pero también de la urgencia de darle sostenibilidad, para que siga cumpliendo su labor de consolidar desarrollo y bienestar para las familias y comunidades del Caribe. Es nuestro compromiso darle las condiciones necesarias para que impulse y beneficie la provincia”, sostuvo la Jefe de fracción, Diputada Nielsen Pérez.
Para esto se ha sido transparente y claro en los mecanismos planteados como son: traslados horizontales para que los funcionarios de JAPDEVA puedan moverse a otras instituciones del Estado, bonos por transformación que permiten a las personas que voluntariamente decidan dejar la institución para que puedan recibir una bonificación adicional a su cesantía, y la prejubilación para las personas mayores 55 años que tengan 25 años de cotizar a un régimen de pensiones de manera que tengan un mecanismo de resguardo para garantizarse su jubilación en los próximos 10 años.