La Comisión de Consultas de Constitucionalidad aprobó el informe para que el Plenario Legislativo subsane las inconstitucionalidades encontradas por la Sala Constitucional en el texto de la Ley Marco de Empleo Público. Dichos cambios garantizan un texto apegado a los límites y disposiciones que solicitó la Sala Constitucional.
“ Hemos atendido plenamente los señalamientos de la Sala y se ha resguardado los elementos contenidos en la resolución por medio de salvaguardas especiales en los artículos consultados para garantizar que se mantenga la división de poderes y el respeto a las autonomías constitucionales”, explicó la Jefa de Fracción del PAC, Laura Guido Pérez.
La legisladora señaló que la Sala Constitucional dejó claro que no es inconstitucional que el legislador incluya a toda la Administración Pública en una ley marco de empleo público, siempre y cuando observe rigurosamente los principios de separación de poderes y no vacíe de contenido los grados de autonomía que el Derecho de la Constitución le otorga a las Universidades del Estado, a la CCSS y a las municipalidades.
Por lo anterior, una de las salvaguardas establecidas por la Comisión de Constitucionalidad establece que los puestos de trabajo vinculados directamente a las competencias exclusivas y excluyentes de cada uno de los Poderes del Estado, las Universidades, la CCSS y las Municipalidades, deben ser definidos de forma exclusiva por esas instituciones.
Dicha salvaguarda reconoce los mismos conceptos expresados en la resolución de la Sala Constitucional, en la que se avala la coexistencia de dos regímenes de empleo: los de aquellas personas funcionarias que están sometidas a la rectoría de MIDEPLAN y las que no. De manera que aquellas personas funcionarias que no ejercen una labor directamente vinculada con las competencias exclusivas y excluyentes, sí podrían estar sometidas a la rectoría del Sistema General de Empleo Público a cargo del MIDEPLAN.
La legisladora del PAC explicó que a partir de la base propuesta por la mayoría de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, el proyecto puede generar un ahorro al Estado de 0,77% del PIB por año, durante una década. Esto de acuerdo a las estimaciones de MIDEPLAN remitidas a la Comisión.
“Esperamos que el Plenario Legislativo acepte las correcciones realizadas por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, porque nos acercan al texto posible de empleo público, en el que se incluya a toda la Administración Pública, respetando los límites constitucionales en materia de división de Poderes y autonomías”, finalizó Guido Pérez.