La mayoría de diputaciones de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación dictaminaron negativamente el proyecto 21.424 que pretendía modificar el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción (CNP) para que se eliminara la obligación legal de las instituciones del Estado de comprar alimentos al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) perteneciente a dicho Consejo.
Los votos en contra fueron de los diputados oficialistas Mario Castillo, Enrique Sánchez; Mileydi Alvarado, de Restauración Nacional; Ignacio Alpízar, de Nueva República y Óscar Cascante, del PUSC.
El diputado Mario Castillo, del Partido Acción Ciudadana cuestionó que la Comisión no había escuchado a los productores que se verían afectados con esta decisión y señaló: “Actualmente el Programa de Abastecimiento Institucional y las Ferias del Agricultor constituyen los únicos mercados por excelencia exclusivos para protección de los micro, pequeños y medianos productores, es decir es el medio de garantizar su permanencia en la actividad productiva distribuida en el territorio nacional. El CNP por medio del PAI garantiza un pago justo para los agricultores. De abrir este mercado, dejaríamos expuestos a nuestros productores más pequeños a condiciones leoninas fijadas por 3 o 4 grandes cadenas comerciales”.
Actualmente, existen más de 30 000 micro, pequeños y medianos productores a lo largo y ancho del país que, agrupados en diferentes organizaciones, son parte de los proveedores del Programa de Abastecimiento Institucional los cuales verían directamente afectada su capacidad de participación en el mercado. El 90% de los proveedores registrados en el PAI corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas.
El CNP atiende el 65% de Centros Educativos unidocentes del país. Además, atienden todos los distritos prioritarios y zonas indígenas del país y tienen una alta participación en las zonas rurales y de difícil acceso sin excluirlas debido a aspectos de rentabilidad que implica suplir estas regiones.
Trece diputados y diputadas solicitaron a la Contraloría General de la República investigar sobre los precios pagados a los proveedores privados por parte de las Juntas de Educación. Aún no existe respuesta por parte de la CGR. Esta información permitiría comparación justa, integral y en igualdad de condiciones. Por lo que sería contraproducente hacer esta modificación legal que plantea el proyecto sin tener los resultados de esta investigación.
En los últimos años el crecimiento e impacto del Programa de Abastecimiento Institucional del CNP ha sido de gran relevancia para los pequeños productores y productoras agropecuarias.
Al finalizar el año 2020 alcanzó ventas institucionales por 102 mil millones de colones, 90% de las cuales se distribuyeron entre más de 360 agro empresas.
La Fracción del Partido Acción Ciudadana continuará luchando contra proyectos de ley que buscan debilitar el CNP y en particular el PAI y procurará que se mantengan las condiciones para que los pequeños y medianos productores no queden fuera del mercado.