· Propuesta legal fue presentada por familias sobrevivientes de femicidio, el Instituto Nacional de las Mujeres y es apoyada por la diputada oficialista Nielsen Peréz Peréz.
· Iniciativa contempla subsidio mensual, becas, bono de vivienda, así como asistencia médica, psicológica y psiquiátrica para familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad que conviven con la mujer víctima, entre otras acciones.
Hoy el el Grupo de Familias sobrevivientes de feminicidio, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y con el apoyo de la diputada oficialista Nielsen Pérez Pérez, presentaron un proyecto de ley para instalar un régimen de reparación integral para las personas sobrevivientes de femicidio y un Fondo Económico de Reparación Integral para Sobrevivientes de Femicidio.
La propuesta busca proteger a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de femicidio, hasta su mayoría de edad o hasta los veinticinco años de edad en caso de que continúen sus estudios; a familiares hasta primer grado de consanguinidad o afinidad que conviven con la mujer víctima al momento del femicidio; a las personas adultas mayores en primer grado de consanguinidad o afinidad, dependientes del cuido y manutención de la mujer víctima de femicidio; y a las personas con discapacidad permanente, sin límite de edad, en primer grado de consanguinidad o afinidad, dependientes del cuido y manutención de la mujer víctima de femicidio.
La reparación integral que propone el proyecto de ley consiste en un subsidio mensual, equivalente a medio salario base; asistencia médica, psicológica y psiquiátrica continua brindada por la Caja Costarricense de Seguro Social; becas de estudio, bonos de vivienda para uso exclusivo habitacional; asesoría y representación legal gratuitas en los procesos administrativos y judiciales relacionados con el femicidio.
Además, se contempla que el padre que haya dado muerte a la madre de personas menores de edad se le suspenderá el ejercicio de la patria potestad. También se suspenderán los procesos sucesorios, cuando la persona sea imputada por femicidio. De esta forma se previene que el femicida herede los bienes de la mujer que asesinó.
El fondo económico que propone esta ley será administrado por el INAMU y el dinero se recaudará de las licencias de portación de armas y otros trámites relacionados.
La diputada Nielsen Pérez recalcó que “esta ley es para resolver una deuda histórica que el Estado costarricense tiene con los niños y las niñas que no sólo han perdido a su madre de manera violenta a manos de sus padres; sino que también les hemos dejado a su suerte, a ellos y ellas y a sus familiares que han tenido que hacer frente a esa tragedia en soledad. Esta ley plantea al menos una restitución mínima para que estas familias puedan reconstruir sus vidas de una manera digna. Esperamos el apoyo de los diputados y diputadas para avanzar con esta legislación”.
Según estadísticas del Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial, entre el 2007 y el 2021, 398 mujeres han muerto víctimas de femicidio en Costa Rica. Estudios del Grupo de Familias Sobreviviendo al Femicidio, señalan que alrededor de 517 hijos han perdido a sus madres, de los cuales, aproximadamente 380 eran menores de edad al momento del suceso.