-Iniciativa minimiza riesgo de infiltración del crimen organizado
El Plenario Legislativo aprobó, en primer debate, el proyecto para que las donaciones a los partidos políticos, superiores a un salario base, deban ser realizadas por medio de alguna de las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Expediente N° 22.560).
La iniciativa limita de esa forma la cantidad de dinero que pueden recibir los partidos en efectivo y de esa forma minimizar el riesgo de infiltración del crimen organizado en dichas organizaciones. Contempla un nuevo párrafo al artículo 135 del Código Electoral que obliga que las donaciones en dinero que realice una persona física nacional a un partido político se realicen por medio de alguna de las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, cuando dichas donaciones de forma individual o en su conjunto igualen o superen el equivalente a un salario base.
“El objetivo es que la sociedad tenga información más precisa del financiamiento que reciben los partidos políticos, y cerrar un posible portillo al ingreso de dinero que provenga de actividades ilícitas”, explicó la diputada Laura Guido Pérez, proponente de la iniciativa.
El proyecto señala que el Tribunal Supremo de Elecciones fijará un plazo, no menor de 3 meses, para acumular el valor de múltiples aportes realizados por personas físicas a un partido político. Si en ese tiempo se traspasa el umbral del salario base, las donaciones deberán realizarse por medio de una entidad supervisada por la Sugef.
Además, la iniciativa también indica que los partidos políticos reportarán de forma diferenciada el mecanismo de las donaciones recibidas, sea este en efectivo o por medio de transferencia. En el trámite de la iniciativa, la diputada Guido Pérez solicitó al TSE la inclusión de esta disposición por vía reglamentaria, tras descubrir que no existen registros sobre los métodos de pago usado en el financiamiento a los partidos políticos. La solicitud fue acogida por el TSE e incorporado en el Reglamento sobre el Financiamiento a los Partidos Políticos desde septiembre del 2021.
“Expertos han advertido que el país no cuenta con controles que eviten donaciones de dinero producto de actividades ilícitas. Es casi imposible reconocer con exactitud el origen de los apoyos financieros de las candidaturas. Ante este riesgo para la democracia, buscamos legislar para ir cerrando portillos al financiamiento ilegítimo a los partidos políticos”, finalizó Guido Pérez.