Hoy compareció Mario Alfaro, Presidente Ejecutivo del SINART, ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público. La comparecencia es a causa de una denuncia elevada ante el Consejo de Gobierno por la Ministra de Cultura Sylvie Durán por un posible caso de tráfico de influencias en favor de un familiar de Mario Alfaro, relacionado con INFOCOOP y la empresa COOPEASESORÍAS.
Se intenta convertir esa investigación en un caso de persecución política, en tanto el señor Mario Alfaro alega que la denuncia es un “cobro” por la destitución del exdirector general del Sinart, Pablo Cárdenas.
Al lanzarse dudas sobre mi salida de Sinart, aclaro:
1. Como consta en el informe PE-AS-007-2018 del departamento de Asesoría Legal de la Presidencia Ejecutiva del Sinart, pedí un permiso sin goce de salario del 2 de enero al 9 de febrero de 2018 para dedicarme a la campaña política.
2. Al terminar mi permiso, le comunico vía telefónica a Pablo Cárdenas, mi jefe directo, mi interés de regresar a mis labores como Asesor. Cárdenas me indica la inconveniencia de mi regreso, pues cree que puede haber conflicto con la independencia del medio, al ser yo diputado electo, y me comunica que me despedirá.
3. Yo me doy por despedido a partir de ese momento. Sin embargo, nunca recibo una notificación formal. Días más tarde, el 22 de febrero, Cárdenas me informa que en el Consejo Ejecutivo de Sinart hay desacuerdo con el despido. Yo le comunico mi interés de renunciar, para evitar malas interpretaciones sobre mi salida.
4. El mismo 22 de febrero envié la carta de renuncia retroactiva al día 12 de febrero. No recibí pago de prestaciones por el año y pocos meses que laboré en el Sinart.
5. La investigación de Asesoría Legal de Sinart no encontró motivación alguna para iniciar un procedimiento administrativo por este caso.
Desconozco que haya existido alguna acción para entorpecer la investigación, o para evitar el conocimiento del informe generado por el departamento de Asesoría Legal del Sinart. A lo largo de estos eventos he actuado de buena fe, apegado a los principios éticos que deben regir para los funcionarios públicos.