La fracción oficialista apoya el Presupuesto Ordinario de la República para el año 2020, a la vez que busca incorporar los recursos que, por equivocación, la comisión dictaminadora le sustrajo al Ministerio de Cultura el mes pasado.
La única diferencia entre el informe de mayoría y el de minoría consiste en que el primero no incluye los recursos que los diputados y diputadas prometieron presupuestar al sector cultura. Por ello, la fracción planteó apoyar el dictamen de minoría de la diputada Laura Guido y del diputado Welmer Ramos, que sí presupuesta ¢100 millones al Centro de Cine.
En el trámite de Primer Debate se votan los dictámenes, primero el de mayoría y sólo en caso de no obtener los votos necesarios, se vota el dictamen de minoría. Por esa razón, el voto en Primer Debate es contrario, en apoyo al presupuesto del sector cultura.
“El presupuesto ordinario de la República 2020 es la expresión genuina de la Administración Alvarado Quesada de fortalecer la educación, la seguridad social y la inversión en obras públicas para fortalecer la defensa de poblaciones vulnerables, reactivar la economía, generar empleo y fomentar el bienestar en los territorios de todo el país”, indicó la Jefe de Fracción, Diputada Nielsen Pérez.
El presupuesto 2020 asciende a ¢10,5 billones y es un 4,25% menor respecto del año 2019 y el de menor crecimiento de gasto corriente en la última década.
“El presupuesto 2020 arroja los primeros resultados de la implementación de las medidas contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas: mejora de la recaudación; los efectos de la recuperación de la confianza de los mercados financieros y la responsable gestión en la ruta de la consolidación de la deuda pública”, señalo la Diputada Laura Guido.
En este presupuesto se aplica por primera vez la regla fiscal que implica un límite al crecimiento de: salarios, alquileres, viajes, servicios, materiales de oficina. “Este presupuesto inicia la implementación en algunas instituciones del Presupuesto por Resultados como contribución en la mejora de la gestión pública con un gasto más eficiente y eficaz y fortalece el vínculo entre los recursos asignados y los resultados