El Plenario Legislativo aprobó por unanimidad, el pasado martes, el proyecto de ley para garantizar que las personas con discapacidad ejerzan plenamente el derecho a la justicia (Expediente N° 20.840).
Se trata de un nuevo capítulo de ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) e impulsora de la iniciativa, Catalina Montero Gómez, indicó que la sociedad costarricense debe redoblar esfuerzos para eliminar todos los obstáculos, prejuicios y estereotipos que impiden a las personas con discapacidad disponer de los servicios de justicia con plena autonomía e independencia.
“Con esta ley aseguramos, por ejemplo, que una persona con discapacidad cuente con los servicios de un traductor de lesco para poner una denuncia, ser testigos o defenderse en un juicio. Se logra también que la infraestructura sea apta para cualquiera persona, incluso aquellas que requieran una silla de ruedas, que los documentos se encuentren en un formato accesible, que el personal que atiende los diversos servicios estén debidamente capacitados, entre otros apoyos”, indicó la legisladora.
Montero Gómez considera que Costa Rica es un país con liderazgo mundial en la defensa de los derechos humanos. Por eso, es necesario realizar todo esfuerzo por eliminar las barreras que imposibilitan el acceso a la justicia a una población vulnerada como las personas con discapacidad. Además, este nuevo capítulo de la ley de igualdad de oportunidades llena el vació que dicha norma padecía sobre este derecho.
“Esta ley no aplica solo al Poder Judicial, sino a todo el sistema de administración de justicia, donde se incluye por ejemplo el Ministerio Público, el Colegio de Abogados, los consultorios jurídicos e incluso para otras instancias que deben velar por los derechos de las personas con discapacidad”, señaló la diputada.