– Informe aprobado insta a las autoridades a seguir buscando a las personas responsables en dicho caso y resolver situación territorial
Esta mañana, la Comisión de Derechos Humanos aprobó el informe sobre las responsabilidades del Estado en el caso del asesinato del dirigente indígena del territorio de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, así como sobre las acciones adoptadas en protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, como se lo ordenó la Comisión Intermericana de Derechos Humanos al gobierno desde el año 2015, (Expediente Nº 21.360).
Entre las conclusiones se destaca la solicitud de poner un alto rotundo a los desalojos de personas indígenas de sus propios territorios, práctica que atenta directamente contra los derechos humanos de los pueblos originarios.
En este marco, la diputada Nielsen Pérez, Presidenta de este órgano legislativo, detalló que el informe insta a que se haga justicia en cuanto a la gestión territorial y respecto al asesinato de líderes indígenas.
“Entre las principales conclusiones se destaca el pedir al Ministerio Público que tome todas las acciones legales inmediatas a fin de evitar y suspender los desalojos administrativos y judiciales contra las personas indígenas que se encuentran en sus territorios. El territorio indígena pertenece a nuestros pueblos originarios, y el Estado debe garantizarles este derecho, así como actuar con la debida diligencia para abordar y resolver con prontitud las denuncias y hechos que afectan directamente el acceso a la justicia imparcial para las personas indígenas”, señaló la diputada Nielsen Pérez, quien también reconoció el trabajo del Juzgado Penal de Buenos Aires, al no admitir la desestimación que pidió el Ministerio Público en el caso del líder Sergio Rojas.
“Detener la investigación y dejar a los responsables en libertad, es fomentar la impunidad y postergar la solución estructural que el Estado debe brindar a los pueblos indígenas, en cumplimiento de su responsabilidad con esta población. La deuda que tenemos con estas personas es muy grande, y persiste como parte de la discriminación y el racismo al que hemos sometido a los pueblos indígenas”, enfatizó la legisladora.