- Expediente N° 19.818, pretende incrementar recaudación económica para infraestructura y equipamiento del Ministerio de Seguridad Pública.
En Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa se dictaminó por mayoría el proyecto de Ley “Impuesto a las Personas Jurídicas”, expediente N° 19.818, iniciativa presentada por el Gobierno que pretende generar una recaudación económica para infraestructura y equipamiento, que respalde al Ministerio de Seguridad Pública.
Esta iniciativa establece un impuesto sobre todas las sociedades mercantiles, así como toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada, que se encuentren inscritas, o que en adelante se inscriban en el Registro Nacional.
Según el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Zapata, “este dictamen afirmativo demuestra que la estrategia de coordinación y conducción de Casa Presidencial con nuestra fracción parlamentaria ha dado resultado, logrando voluntades en una Asamblea Legislativa tan diversa con exigencias en la capacidad de escucha y tolerancia, en donde poco a poco debemos ir avanzando, para lograr puntos de acuerdo con otras divisiones políticas”.
El legislador del PAC señaló que acciones como esta, dejan ver el avance de esta administración en la tramitación de leyes que alivianen tanto la crisis fiscal que vive el país, mientras se da respuesta a un rezago existente en los escasos recursos del fondo para la Seguridad Pública.
Para efectos de aplicación de esta ley, en cuanto al devengo del impuesto, el período fiscal será de un año, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año.
Se debe destacar que este texto se remonta en el proyecto presentado anteriormente por la diputada del PAC, Nidia Jiménez Vásquez, expediente N° 19.530, mismo que recogió las observaciones de la Sala Constitucional en su momento, para ser presentado al pleno.
Este impuesto, además de proveer recursos frescos para solventar la situación de las finanzas públicas, permite controlar la creación indiscriminada de sociedades, muchas veces con fines puramente evasores o elusivos.