Al concluir el trabajo de la comisión especial que estudia las potenciales faltas de la señora Defensora de los Habitantes, la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC), manifiesta que la continuidad de Catalina Crespo Sancho en este puesto, afecta el buen desempeño de la institución y la magistratura de influencia de este órgano esencial para el Estado Social de Derecho y la paz social del país.
Para la Fracción Legislativa del PAC, quedó en evidencia que la señora Crespo Sancho nunca tuvo las calidades ni las competencias necesarias para liderar la Defensoría de los Habitantes, como lo señalamos cuando nos opusimos públicamente a su nombramiento en diciembre de 2018. Su evidente desconocimiento de la institucionalidad pública, la inconsistencia en materia de Derechos Humanos, y su desatención al deber de independencia política, que debe caracterizar a esta institución, y que en aquel momento se advirtieron, son hoy hechos probados.
Denuncias de personas que conforman órganos internos de la institución e indagaciones de medios de comunicación resumen esto en:
• La contratación irregular de personas en la Defensoría.
• Eliminación inconsulta de las funciones de las instancias asesoras y de coordinación de la institución.
• La pérdida de un audio probatorio ante el proceso que orientó contra el Presidente de la República.
• Irrespeto a las competencias e independencia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
• Retiro de apoyos a la debida implementación del Mecanismo de Defensa de Derechos de las Personas con Discapacidad.
• La participación en actividades partidarias durante las elecciones municipales.
• Posible tráfico de influencias, encubrimiento y obstrucción de la justicia en el informe de la UPAD, generado tras su visita Casa Presidencia, en febrero 2020.
• La multiplicidad de inconsistencias en sus declaraciones públicas y oficiales, confirma que su agenda personal no es coincidente con los fines que las y los diputados dieron a la Defensoría de los Habitantes.
La desatención de las formas y los propósitos inherentes a la máxima jerarquía de la Defensoría, así como el poco entendimiento de materias fundamentales de derechos humanos, institucionalidad pública, marco jurídico nacional y convenios internacionales, restan capacidad a la debida protección y defensa de las y los habitantes, y han producido un debilitamiento inédito de la magistratura de influencia de la institución.
Confiamos en que el Plenario Legislativo tenga el compromiso de conocer los informes surgidos de la comisión legislativa que estudia las potenciales faltas de la señora Defensora con la amplitud necesaria, sobreponiendo el bienestar de la población a cualquier interés, y dando muestras creíbles de estudio, independencia de criterio y sensibilidad por la defensa y correcta aplicación de los derechos humanos en el país.
Tenemos el convencimiento de que la solidez institucional de este órgano podrá sobreponerse de este trance lamentable, una vez que vuelva a ser liderado por una persona con las calidades y el discernimiento que este cargo requiere.