Ante nota: “Denuncian supuesto tráfico de influencias de diputados y ministra” de CRHoy, del 30.01.2018.
En una nota publicada hoy, 30 de enero del 2018, por el medio digital CRHoy, se hace referencia a la denuncia que se nos ha hecho al diputado Francisco Camacho Leiva del Frente Amplio y a esta servidora, Diputada Emilia Molina Cruz, del Partido Acción Ciudadana, por parte de Sergio Retana Mora, dueño de la empresa Hacienda San Rafael, debido a que hemos señalado que no cuentan con el respectivo permiso de uso de suelo conforme para llevar a cabo una explotación minera en la comunidad de Yerbabuena de Dulce Nombre de La Unión, Cartago. Dicha explotación atentaría no sólo contra el ambiente, sino contra la salud de los habitantes del cantón.
El permiso que le otorgó la Municipalidad de La Unión a Hacienda San Rafael carece de validez, dado que la autorización municipal no puede ser equiparada con un permiso de funcionamiento, el cual debe ser otorgado por el Ministerio de Salud, luego de cumplir con el requisito de uso de suelo conforme, del cual Hacienda San Rafael carece. Tal y como lo indicó la Procuraduría General de la República, en su oficio OJ-007-2018, “para otorgar Permiso Sanitario de Funcionamiento el interesado debe aportar, entre otros, la certificación de uso de suelo”. Además, cabe agregar que el Plan Regulador del cantón establece que la zona es de uso forestal, por lo cual es prohibido llevar a cabo explotaciones mineras.
Desde hace varios años hemos denunciado dichas irregularidades, gracias a lo cual el daño al ambiente y la salud de los habitantes de la zona ha sido, hasta el momento, evitado. La explotación significaría no sólo el riesgo de un deslizamiento sobre el Río Chiquito, así como el exceso de contaminación por el polvo y el ruido de las detonaciones producto del trabajo minero, sino la saturación del tránsito en la comunidad al haber una gran cantidad de camiones diarios llenos de material entrando y saliendo de la zona a lo largo de una carretera muy angosta.
Al compañero diputado, Camacho Leiva, y a esta servidora no nos van a amedrentar con una denuncia penal, dado que sabemos que estamos del lado de la ley y, sobre todo, en defensa de la salud de los habitantes del cantón de La Unión y del medio ambiente de Costa Rica.