Legisladora propone al Directorio Legislativo hacer recortes a partidas superfluas de la Asamblea para financiar el programa
La Diputada Catalina Montero Gómez considera un grave error que la Defensora de los Habitantes cancele, sin argumentos válidos, el convenio con la Facultad de Derecho de la UCR que daba origen a los “Consultorios Jurídicos”. Dicho programa resulta vital para garantizar el derecho de acceso a la justicia a miles de personas de escasos recursos.
“ Los Consultorio Jurídicos brindan un servicio sin costo alguno a personas que no cuentan con los recursos suficientes para pagar la asesoría legal que necesitan. Esa gratuidad es también para la exención de cualquier tasa, cobro o timbre por las gestiones judiciales, publicaciones en Gaceta, certificaciones registrales o cualquier otra gestión realizada. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que la Defensora ha decidido terminar dicho convenio? Más de 600 asesorías y 200 procesos judiciales quedan ahora en el limbo”, indicó la legisladora del PAC.
En las últimas horas ha quedado claro que el argumento del recorte presupuestario esgrimido por la señora Defensora carece de sustento. La partida que incluía la transferencia a la UCR para el financiamiento del convenio no fue recortada en la discusión del presupuesto de la República del 2021.
Montero Gómez explicó que el argumento del recorte presupuestario esgrimido por la señora Defensora carece de sustento. La partida que incluía la transferencia a la UCR para el financiamiento del convenio no fue recortada en la discusión del presupuesto de la República del 2021.
Otra razón de preocupación es que se conoce poco del convenio que está negociando la Defensora con el Colegio de Abogados para sustituir el servicio de los Consultorios Jurídicos.
La legisladora propuso al Directorio Legislativo, en caso de que la Defensora no cambie de opinión, hacer un recorte a la partida de alimentos y bebidas de esta Asamblea Legislativa o del gasto en combustible de las y los diputados y ofrecerle a la Universidad de Costa Rica instalar este consultorio en la Asamblea Legislativa y garantizar así la continuidad de este servicio trascendental para las personas más vulnerables