- Diputada defiende declaración de non grato y solicitud de renuncia por parte de la Asamblea Nacional del PAC como acto político y no judicial.
- Legisladora también recuerda al Plenario que en materia de trasparencia se tiene pendiente la Reforma Constitucional y la Reforma al Reglamento.
La Asamblea Nacional del PAC aprobó el sábado pasado una moción para declarar non grato al diputado Víctor Hugo Morales Zapata y exigirle que renuncie a la curul, ante este hecho la diputada Marcela Guerrero Campos aclaró que el debido proceso formal es una competencia que tiene el Tribunal de Ética del partido, que no impide a los militantes del partido hacer uso de su libertad de expresión y realizar las censuras públicas que a bien consideren.
“Declarar non grato al compañero Morales Zapata es una censura política, como acto político por parte de la Asamblea del Partido. Los hechos públicos trascendieron a la opinión pública en virtud de lo acontecido en la comisión legisladora investigadora, hechos al interceder aprovechándose de su cargo en beneficio de un tercero privado. ¿Cómo se le va a poner un bozal a un partido político en esta coyuntura?” afirmó Guerrero Campos.
La diputada explicó que no se puede confundir un acto político de un acto judicial y que los militantes tienen además la obligación de exigir transparencia y rendición de cuentas a los gobernantes, máxime cuando se trata de un integrante de su partido. “Juramos defender la Constitución Política, en este momento somos integrantes de los Supremos Poderes, somos funcionarias y funcionarios públicos que estamos en la cúspide del sistema, tenemos como obligación dar el ejemplo en materia de trasparencia y rendición de cuentas” agregó la legisladora.
Sobre levantamiento de inmunidad. La diputada aseguró que la competencia para indagar responsabilidad penal le corresponde al Ministerio Público. A propósito, Guerrero Campos explicó que el diputado Morales Zapata no pierde su inmunidad con solo renunciar a ella. El debido proceso para levantar la inmunidad se ampara en la Constitución Política y en el Código Procesal Penal, que establece los siguientes 4 pasos:
1. Paso 1: Frente a un delito de acción pública, el fiscal general investiga de oficio o por denuncia penal en contra de un diputado amparado por la inmunidad.
2. Paso 2: Terminada la investigación, el Fiscal general pasa el expediente a la Corte Suprema.
3. Paso 3: De acoger la recomendación del Fiscal General, la Corte Suprema pasa el expediente a la Asamblea Legislativa.
4. Paso 4: Si admite la acusación votando el levantamiento de inmunidad, la Asamblea devuelve el expediente a la Corte, quien realizará el juicio penal por medio de la Sala Tercera.
En consecuencia, por ninguna parte de este debido proceso se prevé la renuncia del funcionario a su inmunidad. Tampoco puede la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad antes que se lo solicite la Corte Suprema. Por eso la “renuncia” de un diputado a su inmunidad carece de valor legal alguno.
Pendientes Reforma Constitucional y Reforma al Reglamento. En 2010 la Sala Constitucional manifestó la necesidad de que el Primer Poder de la República implemente acciones para una mayor transparencia, en la sentencia N° 2010-011352.
La Asamblea Legislativa tiene pendiente aprobar la Reforma Constitucional para la Pérdida de Credencial de Diputado por Violación del Principio de Probidad, mediante Reforma del Artículo 112 de la Constitución Política, Expediente N.º 19.117. La reforma constitucional debe ser votada en dos debates por esta legislatura y esperar a la siguiente legislatura para recibir otros tres debates más.
También está pendiente aprobar la Reforma el Reglamento de la Asamblea Legislativa incorporando sanciones administrativas, como mecanismo de cumplimiento de los deberes éticos, para lo cual Guerrero Campos presentó el expediente N°19.984 Reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa, el cual plantea la creación de una Comisión de Ética y Transparencia, nuevos deberes, prohibiciones y sanciones para las y los diputados.
“Siete años después, el Poder Legislativo no ha sido capaz de cumplir con este mandato y nos encontramos en deuda con la sociedad y sin mecanismos legales para derribar la impunidad por parte de funcionarios públicos” finalizó la diputada.