- Atraso de criterio por parte de la Sala Constitucional sobre Pensiones del Poder Judicial perjudica las finanzas del Estado.
- Inhibiciones de magistrados paralizan Sala Constitucional.
Han transcurrido más de tres meses sin que se resuelva la consulta que la Asamblea Legislativa envió a la Sala Constitucional respecto al proyecto de ley que reforma el régimen de pensiones del Poder Judicial. Los artículos 100 y 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional señalan que una vez recibida la consulta, los magistrados cuenta con un mes para dar respuesta a la Asamblea Legislativa.
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) y quien integró la comisión dictaminadora del proyecto de Reformas al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Expediente N° 19.922), Marcela Guerrero Campos, llamó la atención sobre el incumplimiento del plazo establecido por ley.
“Como diputada de la República, hago un llamado al Poder Judicial para que no se valga de circunstancias humanas para obstaculizar el accionar de la institucionalidad, de lo contrario, su imagen seguirá en decadencia como lo ha señalado el Estado de la Justicia (publicado por el Estado de la Nación). Mientras no respondan la consulta, los magistrados están violentando los principios de justica pronta y cumplida, del debido proceso y del interés público” afirmó Guerrero Campos.
La reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial se ha estancado ante un vacío legal, pues la normativa actual no previó un procedimiento ante consultas constitucionales cuya resolución fuera de interés directo de los integrantes propietarios y suplentes del máximo órgano jurisdiccional.
“Sin embargo, en ningún caso pueden utilizarse las limitaciones personales como excusa o impedimento para que un órgano constitucional se paralice, deje de funcionar e incumpla sus deberes. La Sala Constitucional es una institución obligada por ley, por constitución y por ética a transcender y actuar por encima de las personas que lo integran. No perdamos de vista que este atraso en la respuesta por parte de los magistrados perjudica las finanzas del Estado” agregó la legisladora.
En setiembre pasado, Guerrero Campos presentó el proyecto de ley N°20.520 para reformar los artículos 29 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La solución legal que propone Guerrero Campos es que cuando exista causal de impedimento, excusa o recusación que cubra tanto a propietarios como a suplentes, y en el caso específico de magistrados constitucionales, el caso sea conocido por jueces seleccionados por Corte Plena mediante sorteo documentado para que integren la Sala Constitucional, a partir de una reserva de magistrados suplentes que no trabajen ordinariamente para el Poder Judicial, es decir, que no los una el mínimo vínculo laboral.
“Mientras tanto, el Poder Judicial está obligado a encontrar una solución y responder cuanto antes la consulta enviada” concluyó la diputada.