Proyecto de reforma a pensiones judiciales:
Después de que el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) entregara el estudio actuarial a la Comisión Legislativa que reforma el régimen de pensiones del Poder Judicial, la diputada del Partido Acción Ciudadana e integrante de la comisión, Marcela Guerrero Campos, hace pública su posición sobre los puntos medulares que deben mantenerse en la reforma ante una negociación con los gremios, para garantizar la sostenibilidad de las pensiones de las y los funcionarios judiciales.
“Estudiando el texto base de los gremios, el texto que se trabajó con la SUPEN y el estudio actuarial de la UCR, es indispensable que realicemos modificaciones al régimen para que los actuales funcionarios y funcionarias del Poder Judicial tengan una pensión en el futuro. Mi propuesta es que no aumentemos el aporte obrero y que respetemos los derechos adquiridos de los trabajadores y pensionados, pero entonces tendremos que subir rangos de edades de retiro y de tiempos laborados” explicó la legisladora.
“Es medular que se saque la administración del fondo de la Corte y se constituya una Junta Administradora externa que sea técnica, pues la culpa de este mal la tiene la mala administración. A la Asamblea Legislativa le corresponde remediar ese mal, la cura puede ser dolorosa pero es para que las pensiones se sostengan a futuro” agregó Guerrero Campos.
Puntos medulares que deben mantener en la reforma:
- Mantener el rango del aporte obrero del 11% al 15%.
- Respetar derechos adquiridos de los funcionarios ya pensionados y a los trabajadores que se pensionen dentro de los 18 meses después de la entrada en vigencia de la reforma (modificar transitorio de los gremios).
- Subir la edad de retiro a 65 años.
- Elevar los años de servicio a 35 años.
- Mantener el retiro anticipado, siempre que se cumpla con los 35 años de servicio y con una edad mínima de 62 años en hombres y 60 años en mujeres.
- Elevar el cálculo de salario referencia a los últimos 20 años de servicio (240 salarios).
- Subir a 15 años el tiempo mínimo trabajado en el Poder Judicial para acceder a la pensión.
- Bajar el porcentaje de la pensión al 72,5%.
- Establecer un tope de pensión de 10 salarios base (4 millones de colones).
- Establecer una contribución solidaria sobre el exceso del tope.
- Establecer que para adquirir una pensión por incapacidad la persona tenga un mínimo de 5 años de servicio en el Poder Judicial.
- Establecer que sea la CCSS quien declare la invalidez para recibir pensión.
- Establecer que para recibir pensión por supervivencia u orfandad, el familiar del funcionario fallecido deberá demostrar dependencia económica.
- Establecer un tope al aporte del Estado como patrón de un máximo del 30%.
- Crear una Junta Administradora del Fondo como órgano de desconcentración máxima adscrito al Poder Judicial.