Sobre declaratoria de ilegalidad de huelga en Poder Judicial
- Una jueza en el ejercicio de su independencia jurisdiccional ha sido capaz de poner por encima los intereses de la colectividad sobre los intereses gremiales.
- Se necesita una reforma técnica y no política porque el régimen de pensiones del Poder Judicial se alimenta de fondos públicos.
La diputada del Partido Acción Ciudadana e integrante de la Comisión Legislativa que reforma el régimen de pensiones del Poder Judicial, Marcela Guerrero Campos, afirmó que la declaratoria de ilegalidad de la huelga, sostenida por los funcionarios judiciales por 13 días, demuestra que los grupos gremiales no representan a la totalidad de trabajadores del Poder Judicial, pues una jueza en el ejercicio de su independencia jurisdiccional fue capaz de poner por encima los intereses de la población costarricense.
“Se debe apoyar el fallo de esta jueza, e inclusive evitar que sea sometida a presiones de grupos gremiales que ahora salen con amenazas de presentar incidentes de nulidad contra el fallo. Con su actuación, los grupos gremiales continúan desprestigiando al Poder Judicial”, comentó Guerrero Campos.
La declaratoria de ilegalidad explica que la huelga de los funcionarios judiciales no se realizó contra su patrono y que no tenía como fin modificar una política pública, sino que pretendía coaccionar el actuar de la Asamblea Legislativa. Además, la declaratoria sentencia que se afectó la salud de las personas que no podían retirar los cuerpos de sus familiares que se encontraban en la morgue, pues los derechos de la vida y de la salud están por encima de los derechos gremiales.
“Los argumentos de forma de los gremios no son relevantes, estamos hablando de una situación que paralizó al país, de un interés público superior como lo es la estabilidad y aplicación del marco jurídico a nivel nacional, así como del derecho a una justicia pronta y cumplida amparado constitucionalmente”, agregó la diputada.
Guerrero Campos explicó que ahora lo que corresponde es seguir impulsando la reforma del régimen de pensiones del Poder Judicial, el cual ha quedado comprobado es insostenible en el tiempo pues presenta un déficit actuarial. “Se necesita una reforma técnica y no política porque estamos hablando de fondos públicos, el Estado tiene tres contribuciones: paga los salarios de los funcionarios judiciales, paga el aporte como patrono y paga su aporte como Estado”, finalizó la legisladora.