Ante informe de Procuraduría de Ética sobre caso de diputado investigado:
• Propuesta plantea la creación de la Comisión de Ética y Transparencia, así como una serie de prohibiciones y sanciones.
La Procuraduría de la Ética en su informe AEP-INF-017-2017, remitido al Directorio Legislativo, hizo un llamado a los diputados y diputadas para que tomen medidas contra el actuar del diputado Víctor Morales Zapata, investigado por haber llamado al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias para consultar sobre el pago de un servicio contratado al cuestionado importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños.
“La Procuraduría de la Ética nos pide actuar para eliminar la práctica indebida donde diputados acceden a funcionarios de instituciones públicas para consultar sobre el estado de pagos a proveedores. Tenemos el expediente N°19.984 que plantea la creación de la Comisión de Ética y Transparencia, así como una serie de prohibiciones y sanciones para los diputados que transgredan el deber de probidad; es inminente la aprobación de esta reforma a nuestro Reglamento” explicó la diputada del Partido Acción Ciudadana, Marcela Guerrero Campos.
La legisladora presentó en junio del 2016 el proyecto de Reformas al Título I y IV del Reglamento de la Asamblea Legislativa, expediente N° 19984. Entre las prohibiciones propuestas se encuentran: Valerse de su credencial para asuntos personales o privados, solicitar o recibir recursos que puedan comprometer o condicionar su labor y recibir regalías de instituciones públicas o privadas.
La propuesta también plantea crear una nueva Comisión de la Ética y Transparencia para investigar y recomendar al Directorio de la Asamblea Legislativa una sanción sobre cualquier acusación recibida en relación a los nuevos deberes y prohibiciones, así como proceder de oficio en situaciones de público conocimiento.
“En Chile ya existe este mecanismo y ha ayudado a resolver casos. Nuestra democracia no puede esperar, la Asamblea Legislativa debe pasar del discurso a los hechos con esta reforma al Reglamento” agregó Guerrero Campos.
Desde el 2010, en la sentencia N° 2010-011352, la Sala Constitucional solicitó reformar el Reglamento de la Asamblea Legislativa para incorporar sanciones administrativas, como mecanismo de cumplimiento de los deberes éticos.