- Legislador señala que hay acuerdo para iniciar la discusión del tema con un texto sustitutivo del Expediente N° 20.113 (Ley de Movilidad Colaborativa)
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez Carballo, instó a todas las agrupaciones políticas a desarrollar y aprobar un marco legal moderno para la operación de plataformas de movilidad colaborativa.
El legislador considera que dicha tarea no debe postergarse por más tiempo, pues el conflicto entre taxistas y empresas como Uber, solo puede resolverse por medio de leyes claras y justas para todas las partes, incluidas las personas usuarias de los servicios.
“Las plataformas de movilidad colaborativa representan un reto para todos los países, incluido el nuestro. Es una realidad que no podemos detener. La mejor opción que tenemos es construir en conjunto una solución que responda a los cambios tecnológicos y sociales, que al mismo tiempo refleje el modelo costarricense de desarrollo solidario y justo que nos ha caracterizado en el mundo”, indicó Sánchez Carballo.
El diputado señaló que ha conversado con legisladores de otros partidos para comenzar a un proceso de diálogo y construcción de consensos sobre el tema. El punto de inicio sería un texto sustitutivo del Expediente N° 20.113 (Ley de Movilidad Colaborativa), que Sánchez Carballo presentará a la Comisión de Asuntos Económicos.
Dicha iniciativa contempla la creación de un Fondo Nacional de Movilidad (FNM), financiado por medio de un cobro del 3% por cada viaje que realice empresas de movilidad colaborativa con fines de lucro. Los recursos generados por ese canon se utilizarán para obras para mejorar la movilidad urbana.
Además, el diputado cree que deben discutirse eventuales reducciones de los requisitos legales para la operación de los taxistas, con el fin de eliminar ventajas de mercado injustificadas.
En relación con la instancia del Consejo de Gobierno para el cese de operaciones de Uber, el diputado indicó que el Ejecutivo hace lo que el marco jurídico le permite, y que es responsabilidad de la Asamblea Legislativa que, tras 3 años de presencia de la empresa en el país, no exista una regulación.