La aprobación del Proyecto N° 20580, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que posee cuatro componentes dirigidos a aumento de ingresos para el Estado costarricense y la racionalización del gasto público, no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas ni para mediano y largo plazo.
Dicho proyecto constituye un necesario y urgente paliativo, que sin resolver los problemas estructurales de recaudación, calidad del gasto y combate a la elusión y evasión fiscal, permite dotar al país de relativas condiciones de normalidad en el funcionamiento del aparato estatal y el financiamiento de importantes programas que da soporte a la política y social, con el consecuente combate a la pobreza y a la desigualdad.
Sabemos perfectamente que los ingresos que recibe el Poder Ejecutivo son aprovechados para: transferencias (30%), remuneraciones (28%), amortización e intereses de la deuda (32%), lo cual genera una gran inflexibilidad. Hoy por hoy el 59% de los ingresos son corrientes y el restante 41% es financiamiento vía deuda interna. O sea, el Estado sólo capta sanamente recursos para garantizar su pleno funcionamiento en 7 de los 12 meses del año.
Paralelo a la aprobación en primer y segundo debate de dicha iniciativa en las próximas ocho semanas, estoy profundamente convencido que debemos avanzar había la conformación de una comisión legislativa especial mixta, de conformidad con el Reglamento de la Asamblea Legislativa, que permita la discusión, reflexión y generación de propuestas en torno a una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo.
De todas y todos es conocido que en Costa Rica la carga tributaria es baja, llega a un 13% del PIB.
La evasión fiscal sigue siendo uno de los mayores problemas que atentan contra el desarrollo de la Nación.
La reducción de aranceles y las exoneraciones, históricamente cedidas a diversos sectores de la economía, ha rebasado por mucho la capacidad institucional de aumentar los recursos públicos para avanzar hacia una mayor competitividad con equidad social y desarrollo humano.
Hay asimetrías que deben ser corregidas y atendidas. Según la CGR en 2011, el 93% de los profesionales liberales declararon, en promedio, 35 574 colones de impuesto sobre la renta al año. Mientras que asalariados del sector público con salarios de 840 000 colones mensuales, tributaron 248 000 al año.
Las condiciones en nuestro país están maduras para encarar una discusión en torno a renta global y renta mundial, así como para avanzar en proyectos sugeridos en la Comisión investigadora sobre Panamá Papers.
Una comisión legislativa especial mixta que tenga por objeto el tema fiscal, necesariamente deberá tener representación de todas las fuerzas políticas presentes en el Plenario, así como de las cámaras empresariales, federación de colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, como sindicatos, sector campesino, consumidores, así como de la Defensoría de los Habitantes en su condiciones de observador. Es necesario que dicha comisión esté conformada antes de que concluyan los dos primeros dos meses del período ordinario de la Primera Legislatura.