Asamblea Legislativa
Diputados aprueban proyectos especiales para poblados de zonas costeras
La iniciativa aprobada el lunes 30 de noviembre, contribuye a resolver el problema descrito, a través de la creación de un marco normativo especial que fomente la coexistencia armónica de la comunidad de Ostional con el Refugio Nacional de Vida Silvestre, para beneficio del ambiente y el ser humano; impulsado por la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) .
Según la Diputada Laura Garro Sánchez, del PAC, “La presente ley tiene como objeto brindar seguridad jurídica a las personas que actualmente habitan en el refugio, otorgándoles una concesión por 25 años”.
Los ocupantes de terrenos dentro de los límites geográficos del Refugio, que no cuentan con un título de propiedad inscrito en el Registro Público, se encuentran en una situación de tenencia de la tierra muy precaria. Vivían, hasta la fecha, en la incertidumbre y bajo la amenaza de ser desalojados en cualquier momento de las tierras que ocupan.
“La aprobación de esta ley busca la armonía entre los seres humanos y la naturaleza; y la comunidad de Ostional lo ha venido demostrando, a través de mucho tiempo, su capacidad de trabajar el recurso con el menor impacto ambiental, protegen las tortugas y generan ingresos para su comunidad”, indicó la legisladora.
La legisladora del PAC señaló que movilizar a los y las vecinas, no solo presentarían graves dislocaciones sociales, al tener que desalojar a cientos de familias de las tierras sobre las que se asentaron, en muchos casos desde hace muchas décadas, sino que además todo ello atentaría contra los fines mismos de conservación para los cuales se creó el Refugio por la situación de enfrentamiento directo que se generaría entre las poblaciones locales y el Minae, ya que en lugar de un aliado para la protección de los ecosistemas presentes en el Refugio, dichas poblaciones se convertirían en un enemigo.
“Las familias de Ostional han demostrado que el aprovechamiento razonable y sustentable de los recursos naturales mediante la participación activa de las comunidades debidamente organizadas, pueden generar desarrollo y compromiso con el ambiente”, señaló la diputada Garro Sánchez.
Con respecto a la ley conocida como Moratoria, y la prórroga, por un plazo de 24 meses, para el desalojo, demolición de obras, actividades y proyectos en la zona marítima terrestre (milla fronteriza y zonas costeras), la congresista Garro indicó que “los ocupantes no adquieren derechos sobre las zonas objeto de moratoria, como establecen los términos establecidos, previo dictamen del órgano municipal competente”.