Hace un año nos encontrábamos sesionando por primera vez en este Plenario Legislativo, con el claro propósito de brindarle a Costa Rica un Parlamento abierto a la ciudadanía y con la disposición de fomentar una nueva ruta hacia la construcción de acuerdos y la toma de decisiones efectivas y oportunas que pasaran por diálogos francos, agendas claras y negociaciones transparentes.
Esta voluntad nos llevó a trabajar en un Acuerdo Multipartidista, desde muchos meses antes de asumir en pleno nuestras labores como diputadas y diputados de la República.
La base fundamental para la construcción de este acuerdo fueron los valores propios de nuestro sistema democrático y nuestra idiosincrasia costarricense, de trabajar por el bien común, de generar inclusión, de avanzar en igualdad, de respeto al medio ambiente y en defensa de los derechos humanos de todos los grupos históricamente excluidos. Aunado a la urgencia de generar las condiciones propicias para alcanzar la sostenibilidad fiscal y para impulsar una economía aún más vigorosa, generadora de empleo y nuevas oportunidades para los sectores productivos y las personas consumidoras.
Las personas y la mejora de su calidad de vida, así como el impulso de las reformas necesarias para que el país alcance su máximo potencial son los objetivos esenciales que deben motivar la participación de todas y todos en la vida política; esos objetivos superiores también deben ser la guía de nuestra actuación para no perdernos en debates livianos, infundados o mezquinos, que solo nos alejan de la posibilidad de alcanzar acuerdos en beneficio de nuestra amada Costa Rica.
Alcanzar acuerdos multipartidarios es la ruta posible para concretar las transformaciones que requiere el país. El Gobierno de la Unidad Nacional es reflejo del imperativo que nos imponen los nuevos tiempos en el ejercicio de la política. No comprender que la ciudadanía demanda una nueva forma de hacer política, es quedarnos en la imposibilidad de atender las necesidades de la ciudadanía y de los territorios, especialmente cuando persisten rezagos de muchas décadas que ameritan de nuestro responsable y rápido accionar.
Si queremos una Costa Rica con mayor equidad en su desarrollo desde la perspectiva territorial, si queremos un mejor transporte público e infraestructura logística a nivel nacional, si mantenemos nuestra convicción de preservar el Estado Social de Derecho, si exigimos una economía que logre crecer a niveles más altos para alcanzar una mayor incorporación al empleo y si aspiramos a seguir siendo un referente a nivel mundial por nuestro compromiso medio ambiental, entonces, requerimos mantener la mirada puesta en el presente y el futuro para dar un sano debate, un diálogo constructivo y transparente y una gestión de convicción democrática.
Por eso no es vano el ejercicio realizado a lo largo de esta primera legislatura, en la que logramos, en el marco de ese Acuerdo Multipartidista -vigente a pesar de las diferencias y matices que nos caracterizan- y bajo el liderazgo de la diputada presidenta, Carolina Hidalgo Herrera, la aprobación de legislación vital para el fortalecimiento de las finanzas públicas, de la institucionalidad costarricense y de nuestro propio Estado Social de Derecho.
Me refiero, por citar tres ejemplos dignos de destacar, a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Reforma al Reglamento Legislativo y la Reforma a la Ley de Armas.
Gracias al diálogo y a la construcción de acuerdos entre diversas fuerzas políticas, logramos concluir el trámite parlamentario de una iniciativa indispensable para seguir aportando soluciones a la estabilidad financiera del Estado. Esto lo conseguimos luego de varios intentos que no prosperaron a lo largo de casi dos décadas, y a pesar de un amplio malestar ciudadano caracterizado por la desinformación que propiciaron algunos pocos; pero en donde prevaleció la madurez y responsabilidad política de una contundente mayoría en este Plenario.
Situación similar se puede destacar con la reforma al Reglamento Legislativo, luego de sesenta años de vigencia, logramos acuerdos para darle mayor agilidad a los procesos parlamentarios. Este acuerdo marca un hito histórico que contribuye a la consolidación del sistema democrático costarricense, por mejorar y acelerar significativamente la tramitología y gestión de las propuestas y discusiones en este Congreso, sin detrimento de la responsabilidad representativa que ejercemos y del control político que estamos llamados a realizar en defensa de los intereses del pueblo costarricense.
Este paso fundamental es producto, no sólo del esfuerzo, del compromiso y el trabajo tesonero de esta Asamblea Legislativa, sino que principalmente, por la política colaborativa y el diálogo constructivo que nos hemos fijado cómo método idóneo para responder al pueblo costarricense y estar a la altura de nuestro tiempo.
En esta misma línea, rescato la reciente Reforma a la Ley de Armas, pues es un interesante ejemplo de lo que hemos logrado hasta aquí y de lo que podemos seguir impulsando y obteniendo durante los tres años que nos restan. Esto por cuanto, si bien tuvimos puntos de antagonismo significativos, logramos administrar el disenso, de manera que prevaleciera el consenso en los grandes ejes en los que coincidimos.
Hoy el país cuenta con importantes avances en temas de control, regulación y tenencia de armas que ofrecen mayores garantías de seguridad a la población costarricense, lo que de ninguna manera podría catalogarse como un logro menor.
No siendo menores estos acuerdos, debemos reconocer además, que logramos alcanzar números históricos, con 114 proyectos de ley aprobados, no quiero dejar de mencionar la aprobación de la reforma al Sistema de Banca para el Desarrollo, la Ley de Justicia Restaurativa y la Ley de Consorcios entre otras, que han sido claro reflejo de la relevancia de alcanzar acuerdos multipartidistas, de preservar la voluntad de establecer diálogos permanentes y promover negociaciones transparentes.
Es por eso, que la conformación de un Directorio Multipartidista también resulta vital. Las democracias modernas son aquellas que logran demostrar que sí se puede avanzar desde la diversidad de pensamiento. Que con respeto y fijando las metas en el interés nacional, sí es posible construir en colectivo un mejor país, que nos permita heredar el futuro que merecen las siguientes generaciones, donde la diferencia de criterios o de procedencias políticas, lejos de ser un obstáculo, son un valor que enriquece el proceso democrático en la toma de decisiones que nos competen a todos y a todas por igual.
Este Directorio Multipartidista tiene el reto de continuar por la vía de construir acuerdos mínimos, pero sólidos e indispensables para el avance de iniciativas estratégicas para el país. Costa Rica merece un parlamento que exprese la pluralidad de nuestra sociedad, y es un claro ejemplo al incorporar la mayor cantidad de mujeres y personas jóvenes en la historia patria. Esa confianza que ha sido depositada en nosotras y nosotros, debe ser honrada con la decisión consciente y sistemática de hacer política de la grande, desde los valores, principios y visiones que nos unen en procura del bien común, donde siempre sea Costa Rica la ganadora.
La agenda de esta segunda legislatura debe seguir la línea del Acuerdo Multipartidista en el que hemos venido avanzando, porque aún tenemos tareas pendientes y urgentes. La ciudadanía confía en que logremos aportar a la reactivación económica y a darle a las familias mayor capacidad adquisitiva; estamos perdiendo millones de dólares en sobreprecios por la falta de competencia y por una serie de fallas de mercado que han impedido a los consumidores tener acceso justo al crédito, a los medicamentos, entre otros. Esta Fracción, hace un llamado a que sumemos esfuerzos y con la mayor celeridad aprobemos las iniciativas sobre Datáfonos la cual regula las comisiones bancarias que se cobran por el uso de las tarjetas de crédito y débito, así como el proyecto de tasas de usura para poner tope a esas tasas desproporcionadas que tienen a las familias sumidas en deudas interminables; así como el de timbres de colegios profesionales para generar ahorros a los usuarios. Desde ya, pedimos apoyo para un proyecto de ley que busca corregir condiciones en el mercado de medicamentos que termina incidiendo en los altos precios de estos productos.
Estamos planteando una reforma integral al Sistema Nacional de Calidad, que surgió del consenso de los sectores productivos, públicos, académicos y políticos, con la que buscamos consolidar las condiciones de competitividad que impacten en la calidad de productos, medicinas, construcción de obras públicas, tratamientos y laboratorios clínicos; fortalecer el mercado interno y posicionar de mejor manera en los mercados externos a las empresas generadoras de empleo.
Tenemos grandes oportunidades de impactar de forma positiva en los mercados, no solo buscando la simplificación de trámites y mejorando la competitividad del país, sino propiciando la sana competencia, elevando los estándares de calidad, estableciendo reglas claras tanto para la defensa comercial como para la salida de las empresas frente a las quiebras. Además, resulta imperativo avanzar en la aprobación de la agenda que permita la plena incorporación de Costa Rica a la OECD y con ello avanzar en la implementación de las mejores prácticas.
Precisamente, como parte de las buenas prácticas, aún le debemos al país acuerdos sobre una fuerte agenda para luchar contra la evasión y la elusión, debemos eliminar las exoneraciones y darle al Poder Ejecutivo la capacidad de financiarse con recursos más baratos y plazos más largos para reducir las presiones a los mercados locales y, por tanto, a las tasas de interés. Nadie aquí quiere crédito más caro para las familias y las empresas, para eso requerimos aprobar el proyecto de Eurobonos.
En esta misma lógica, debemos alcanzar acuerdos para acceder a nuevos mecanismos y condiciones que nos permitan elevar la capacidad del país para generar empleo, de lograr la plena inclusión de las mujeres al mercado laboral con opciones de cuido y de propiciar alternativas para las poblaciones más vulnerables. Educación dual y teletrabajo, son dos proyectos que resultan de interés tanto para el sector productivo como para la ciudadanía.
Otro ámbito vital, que debe convocarnos al trabajo conjunto, es el de la Reforma del Estado, lo que nos permitirá avanzar en las transformaciones para que la institucionalidad alcance un mayor nivel de eficiencia y eficacia. Evitar las duplicidades, ordenar las rectorías, maximizar los recursos y mejorar los servicios públicos, son necesidades que han sido reiteradas por muchos años, al igual que la reforma del empleo público.
En materia ambiental, las tareas acometidas por el país han sido significativas, no solo desde la política pública sino desde el ámbito legislativo; pero hoy enfrentamos retos acuciantes para lograr la eliminación de los plásticos de un solo uso, para transitar a la reducción del uso de hidrocarburos y avanzar hacia la descarbonización. En el PAC también tenemos una agenda ambiental fuertemente relacionada con las políticas de descarbonización que impulsa el Gobierno de la República y que atiende el cambio climático por el que atraviesa el planeta, con la responsabilidad que esta generación tiene frente a las acciones que debemos tomar como humanidad, si queremos que las condiciones de vida sigan siendo las que conocemos. Esto sin duda tiene que ver con la contaminación por residuos sólidos y la disminución de plásticos de un solo uso y esta Asamblea Legislativa tiene en sus manos la gran oportunidad de aprobar iniciativas que nos vuelvan a posicionar como referentes mundiales.
Otro ámbito de coincidencia de este Parlamento se expresa en nuestra convicción solidaria por cerrar brechas. Buscar la inclusión para las poblaciones más vulnerabilizadas como las mujeres, la niñez, la juventud, la población LGTBI y las personas adultas mayores, debería convocarnos sin dilación. Los proyectos de acceso a la justicia, la reforma al artículo 51 Constitucional, el de Paralímpicos y el de autismo, así como el acoso sexual callejero y de jornadas nocturnas para las mujeres, son excelentes ejemplos de lo que nos puede unir.
Queremos una sociedad cada vez más justa, inclusiva y solidaria. Por eso, reiteramos con una determinación renovada, nuestro compromiso con la agenda de los derechos políticos, económicos y sociales de las personas. Seguiremos trabajando por la defensa de los derechos humanos de todas y todos.
Estos temas se encuentran en la médula misma de la identidad histórica del PAC, como lo es nuestra voluntad de continuar aportando al diálogo, a las negociaciones abiertas y francas, y a la construcción de acuerdos que nos permitan avanzar y recuperar la vocación del Estado por la justicia social, reconstruir la confianza, impulsar una nueva prosperidad y responder a los desafíos que nos impone nuestro tiempo; tarea que lleva esta Fracción y el partido que honrosamente representamos, en su genética.
Por esta razón, hemos manifestado nuestro apoyo y respaldo a la iniciativa de presentar un proyecto de ley multipartidista, para dar marco jurídico, al Consejo Consultivo Económico y Social. Este es un tema de suma importancia para la gobernanza del país, y al que daremos seguimiento mediante un proyecto de ley que acompañe al decreto que firmó el Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, con el que se crea este Consejo.
En suma, nuestra Fracción se compromete a continuar impulsando una agenda legislativa, -basada en la construcción de acuerdos- que consolide la reactivación económica para generar empleo; proyectos para el bienestar de todas las familias, comunidades y sectores productivos, desde una perspectiva territorial; el respeto por los derechos humanos; la inclusión y la lucha contra la desigualdad; la defensa de las personas consumidoras para mejorar su capacidad adquisitiva; la lucha frontal contra la evasión fiscal; iniciativas para combatir la contaminación y el cambio climático y las reformas del Estado.
De esta manera, nos mantendremos en congruencia con la visión que desde el Partido Acción Ciudadana comprometimos ante la ciudadanía y con los esfuerzos que realiza la Administración Alvarado Quesada, por toda la población costarricense, en defensa del Estado Social de Derecho y frente a la Costa Rica del Bicentenario, que nos invita a mirar hacia el futuro con pleno convencimiento de que se requiere del compromiso de todos los partidos políticos para alcanzar los grandes logros nacionales.