Asamblea Legislativa:
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Epsy Campbell Barr, denunció un fraude presupuestario, por 8 mil millones de colones, para el gemeleo de plazas de jueces y funcionarios administrativos del Poder Judicial.
Campbell Barr calificó la práctica como un abuso de poder lamentable y vergonzoso, que deteriora aún más la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia.
El Consejo Superior de Poder Judicial aprobó, el pasado 07 de diciembre, el mecanismo para ejecutar dicha artimaña. El gemelo consiste en simular la entrega, a los jueces, de permisos con goce de salarios para realizar laborares especiales. De esa manera, los códigos de sus plazas quedan libres para nombrar sustitutos. Sin embargo, los jueces se mantienen en sus trabajos ordinarios. Se desconoce la razón real por las que se contrata a los suplentes ficticios. Podría tratarse de un método para pago de favores u otra falta contra el deber de probidad.
La práctica provocará, a partir de enero del próximo año, el uso de 8 mil millones de colones para el nombramiento irregular de 232 jueces suplentes y 75 funcionarios administrativos.
“Esas 307 plazas extra no estaban contempladas en el presupuesto aprobado para el Poder Judicial. Probablemente inflaron la partida de salarios para camuflarlas. Le estoy exigiendo a la Corte Suprema de Justicia que detenga inmediatamente esta estafa contra el erario público, que parece más la praxis de una organización criminal que la de un Poder de la República”, mencionó la legisladora.
Campbell Barr enfatizó la especial responsabilidad del Presidente Carlos Chinchilla. El magistrado conocía el acuerdo de la Corte Suprema para restringir los permisos con goce salarial. A pesar de ello, desobedeció esa orden del año 2014 y avaló que el Consejo Superior gemeleara plazas de jueces y funcionarios administrativos por medio de tales permisos.
“Para efectuar el gemeleo, los jueces deben consentir el mecanismo de gemeleo. Se les incita para que mientan y acepten un acto corrupto. Es totalmente pavoroso que los colaboradores del Poder Judicial asuman una grave inmoralidad como parte de su cotidianidad y se presten año con año a tal práctica desdeñable”, puntualizó la diputada.
Campbell Barr solicitó a la Corte un informe, desde 2014 a la fecha, con el nombre, plaza, justificación, asignación especial, lugar dónde la cumplieron, y el producto que entregaron los funcionarios a los que se les concedió permisos con goce salarial.