Un paso más para el ingreso a la OCDE
- Normativa fortalece las herramientas para luchar contra delitos de corrupción como el soborno nacional y transnacional resultado del diálogo y la negociación de las fracciones de la Asamblea Legislativa
- Segundo debate se dará el próximo lunes 10 de junio.
- Multas de hasta de mil y hasta 10 mil salarios bases para grandes empresas y de 30 a 200 salarios bases para micro, pequeñas y medianas empresas.
La fracción del Partido Acción Ciudadana celebra la aprobación en primer debate del proyecto de ley que le permite a Costa Rica seguir consolidando la lucha frontal contra el soborno y la corrupción como resultado del diálogo y la negociación entre las fracciones de la Asamblea Legislativa.
El proyecto es el No. 21.248 “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohecho domésticos, soborno transnacional y otros delitos”, que impone multas de hasta de mil y hasta 10 mil salarios bases para grandes empresas y de 30 a 200 salarios bases para micro, pequeñas y medianas empresas que intenten sobornar a funcionarios públicos. El segundo debate se dará el lunes 10 de junio.
“Seguimos legislando de manera clara y decidida para lograr una lucha frontal contra la corrupción. Es importante este proyecto porque logra aportar tres elementos fundaméntales: al crear el delito de soborno transnacional nuestro país tiene un instrumento para investigar; amplia el rango de aplicación de muchos de los delitos de soborno que hoy se aplican a las personas se podrá aplicar a las empresas privadas, cooperativas y otras entidades e incentiva a las empresas a crear códigos de ética; y desarrollar programas que eviten estas malas prácticas, con lo cual frente a nuevas formas de cometer delitos aportamos leyes que las combatan”, indico la Diputada Carolina Hidalgo Herrera.
Este proyecto es uno de los requisitos que el país debe aprobar para su adhesión a la OCDE y es producto del esfuerzo conjunto de varias instituciones del Estado costarricense, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio de Justicia y Paz.