Gobierno rechaza sanciones por contenido a medios de comunicación

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Gobierno impulsa despenalizar ejercicio periodístico

•           Segundo texto borrador  de eventual Ley de Radio y Televisión saca el tema de la discusión y garantiza cumplimiento de un proceso de consulta transparente y participativo.

•           De los talleres que se vienen realizando, desde diciembre 2014, se conoce el contenido completo del documento en discusión.

•           Resultado final del proceso será una legislación con el espíritu costarricense de defensa de la libertad de expresión.

nota

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) ratifica la voluntad férrea del Gobierno de la República de defender y fortalecer la libertad de expresión, el acceso a la información de interés público y la libertad de prensa.

Esta semana se entregará a los diferentes sectores un segundo borrador –no final- que excluye el régimen de sanciones que tienen relación con los contenidos. “Como lo ha expresado el Poder Ejecutivo esas sanciones no son compartidas, ni son la voluntad del Gobierno”, aclaró la Ministra Kopper, al señalar que es la primera vez que un proyecto de ley se somete a consulta pública y abierta, dada la relevancia de un tema que atañe a la ciudadanía y al sistema democrático de Costa Rica.

 “Gobierno rechaza sanciones por contenido a medios de comunicación, esto  tras el proceso de consulta que de manera amplia, transparente y participativa -desde diciembre del año 2014-  se realiza de un  documento borrador  en torno a un eventual proyecto de Ley de Radio y Televisión”, enfatizó la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Gisella Kopper.

  La jerarca indico que este es el primero de varios borradores previos.  “La apertura de este proceso ha sido tal que en este primer documento de discusión / borrador se incluyeron todos los temas de la discusión  para que los sectores debatieran,  los conocieran con miras a la construcción de un documento consensuado”. La presentación a la Asamblea Legislativa –por disposición de la Contraloría General de la República- debe concretarse antes del mes agosto de este año.

 Al no existir un proyecto, no se ha presentado ni al  Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo.  “Este es un documento en construcción que está siendo sometido al conocimiento y discusión de todos los sectores interesados, para que realicen las observaciones y las modificaciones pertinentes”, insistió la Ministra Kopper, al reafirmar el compromiso de la Administración Solís Rivera de que “los medios de comunicación tienen que gozar de libertad para ejercer el necesario control social que toda sociedad democrática requiere“.

 GOBIERNO IMPULSA DESPENALIZAR EJERCICIO PERIODÍSTICO

La Administración Solís Rivera está clara en fortalecer la prensa en Costa Rica, por eso presentará ante la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas para fortalecer la libertad de expresión, en el contexto de una democracia vigilante y participativa.

Este fue el compromiso asumido en la participación que tuvo el Presidente de la República en la inauguración de la Cátedra de Responsabilidad Social del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, el pasado 26 de marzo.

 En esa actividad se informó la voluntad de presentar una serie de reformas para fortalecer el ejercicio periodístico, en relación con:

1-   Una revisión de la legislación penal, de manera que no constituya un elemento para intimidar a ciudadanos y medios a la hora de hacer denuncias.

2-    Protección del periodista mediante la regulación de la cláusula de conciencia, que garantiza al comunicador que su ejercicio no vaya en contra de sus principios.

3-    Fortalecer la regulación en materia de acceso a la información de interés público.

4-   Establecer criterios objetivos y democráticos que impidan el uso de la publicidad estatal como mecanismo de premio o castigo para los medios de comunicación.

Para garantía de la ciudadanía, el 27 de marzo, se envío una nota al Señor Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para invitar a esta relatoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) como observador y asesor calificado  del proceso de consulta en la construcción de esta legislación.

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