El pasado 07 de diciembre el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley para prohibir el gasto de recursos públicos en la promoción de la imagen de jerarcas e instituciones públicas (Expediente N° 20193).
Esos gastos fueron legalizados por medio del decreto 31459 del 06 de octubre del año 2003 (modificado por decreto 34325 de 05 de diciembre del año 2007). Ese decreto contiene el “Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público” que en la partida presupuestaria 1.03.02 autoriza al Sector Público a destinar recursos de los costarricenses para promover la imagen de los jerarcas, del presidente (a) de la República o de las instituciones mismas.
Solís apuntó que “para eliminar este tipo de gastos solo bastaría una orden presidencial. Lamentablemente, a pesar de haber sido este un compromiso permanente del PAC, el cual está plasmado en nuestros códigos de ética, el Gobierno actual ha procedido igual que gobiernos anteriores en esta materia. Por ello me veo obligado a presentar este proyecto de ley”.
La iniciativa impide a las instituciones incluir partidas presupuestarias que contemplen gastos por servicios de publicidad y propaganda, por medio de la adición de un artículo 8bis a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
La prohibición contempla los anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, preparación de guiones o documentales de carácter comercial. También se elimina la impresión de revistas, periódicos, libretas, agendas o cualquier clase de producto impreso relacionado con propaganda institucional.
“El dispendio en promoción, constituye un desperdicio inaceptable, pues la eficiencia en el uso de recursos, es tanto un deber constitucional como ético. Por eso, esta iniciativa pretende que el dinero de todos y todas se invierta exclusivamente en el cumplimiento de los fines para los que fueron creadas las distintas instituciones” señaló Solís.
El proyecto no afecta la inversión en información para dar a conocer asuntos de carácter oficial, administrativo, cultural, educativo, científico o técnico. Tampoco prohíbe aquellos gastos necesarios para mantener informada a la ciudadanía, sobre asuntos de su interés como cierre de carreteras, convocatoria a concursos, alertas por desastres naturales, etc.
Además, se le permite a las instituciones que estén en régimen de competencia, gastar en aquella publicidad destinada a la atracción de clientes.