Proyecto Dictaminado en Comisión de Seguridad y Narcotráfico
- Une en un solo cuerpo normativo todas las reglas para la navegación acuática, con el fin de optimar el aprovechamiento marítimo del país.
- Pone en orden los controles requeridos en navegación acuática a fin de evitar actos delictivos tales como la pesca ilegal, narcotráfico o transporte ilegal de mercancías vía marítima.
- Incorpora regulaciones para la prevención de la contaminación en el medio acuático proveniente de la operación de los buques.
Actualmente no existe una Ley de la República que regule debidamente el transporte marítimo en Costa Rica. Con lo único que se cuenta es con una serie de normas dispersas y obsoletas que no obedecen al contexto mundial, por ejemplo, el Código de Comercio Marítimo, que data de 1853.
En atención a esta problemática, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Paola Vega, presentó el proyecto de Ley N° 21.095 “Ley General de Transporte Marítimo”, el cual plantea llenar este vacío en la legislación vigente como lo hace en las vías terrestres la Ley General de Tránsito.
Esta Ley General vendría a unir en un solo cuerpo normativo todas las reglas para la navegación acuática con el fin optimar el aprovechamiento marítimo del país y poner en orden los controles requeridos.
La iniciativa fue dictaminada afirmativamente por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico esta mañana.
“Este fue un proyecto presentado en su momento por la Expresidenta Laura Chinchilla, y que había sido archivado en octubre del 2018 debido al vencimiento de su plazo cuatrienal. Decidí rescatarla tal cual fue presentada debido a que aborda un tema de suma importancia y soluciona una seria carencia que el país ha venido adoleciendo en materia de navegación acuática, que no ha permitido optimizar el uso de embarcaciones y que facilita actos ilícitos tales como la pesca ilegal, narcotráfico o transporte ilegal de mercancías vía marítima, entre otras”, explicó la diputada Paola Vega.
La iniciativa tiene como fin regular las vías generales de comunicación por agua, la navegación y los servicios que en ellas se prestan, la flota nacional y la marina mercante costarricense, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el transporte acuático.
Incorpora regulaciones sobre la contaminación en el medio acuático, que establece entre otras las medidas necesarias para la prevención de la contaminación en el medio acuático proveniente de la operación de los buques; corresponderá a la Dirección de Navegación y Seguridad otorgar los permisos de vertidos de sustancias en el mar según la normativa internacional vigente en el país.
Este proyecto además responde al compromiso que tiene el país de ordenarse en la materia con la Organización Marítima Internacional (OMI), órgano parte de la Organización de las Naciones Unidas, y de la cual Costa Rica es país miembro desde 1980. Es la misma OMI la que insta al país a tener una ley de transporte marítimo.
“Esta es una clara muestra de los muchos rezagos que el país viene arrastrando durante décadas y frente a los cuales, esta Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de brindar al país herramientas a la altura de las demandas del desarrollo productivo y la reactivación económica que necesitamos. Pasa también por tomar conciencia sobre la bastedad del dominio marítimo de Costa Rica, que supera los 580 mil kilómetros cuadrados y al cual le podemos sacar muchísimo provecho para mejorar y fortalecer la vida y trabajo en nuestros mares” comentó la diputada del PAC, Carolina Hidalgo Herrera, quien ocupa la Secretaría de la comisión dictaminadora.
Soluciones
Esta Ley serviría de herramienta para, por ejemplo, prevenir hundimientos en nuestras costas, generar negocios asociados al abanderamiento de naves, ordenar nuestro espacio acuático y proteger al país de desastres que puede provocar la contaminación marina, entre otros.
También representará nuevos recursos para el erario público, al cobrar servicios que en la actualidad la Dirección de Navegación y Seguridad da de manera gratuita, lo que conlleva un gran gasto para el Estado.
Crea por ley la División Marítimo Portuaria dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y una Comisión Interinstitucional como un órgano técnico de coordinación en el campo del transporte marítimo encargada de la definición de lineamientos del sector, y de la implantación de las recomendaciones y medidas remediales para subsanar las conclusiones que dimanen de las Auditorías de la OMI.