Por Paola Vega
Integrante Comisión Política
paolavegar@gmail.com
En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente es válido el ejercicio de dar una reflexión profunda sobre los principales desafíos y oportunidades que como país tenemos en torno a la protección del medio ambiente e identificar las políticas que se han desarrollado para mejorar el estado de la conservación en Costa Rica.
Esta reflexión es oportuna siempre y cuando trascienda la retórica y lo meramente simbólico y se concentre en el análisis de aquellas acciones que representen sustancialmente beneficios para las diversas poblaciones y comunidades.
La situación mundial actual no es grata en materia ambiental. Tenemos los números históricos más alarmantes del calentamiento global y estamos siendo testigos de los duros efectos de muchos años de crecimiento económico insostenible.
No en vano, en diciembre pasado, se concretó en un acto sin precedentes la firma del Acuerdo de París, en el que todas las naciones del mundo asumen un compromiso esperanzador de no elevar la temperatura global en más de 2° centígrados y en enfocar acciones enérgicas para el establecimiento de un nuevo régimen del cambio climático sustentado en la descarbonización de la economía mediante cambios sustanciales en los patrones de producción y consumo.
Se suma también la ardua tarea de llevar a la práctica el concepto de desarrollo humano sostenible. La evidente relación entre la pobreza y el medio ambiente obliga a generar políticas responsables de cara a la inequidad social en el marco de modelos de “conservación con la gente.” A nivel mundial, la mayor parte de la población que vive en pobreza extrema habita zonas rurales donde la principal fuente de ingreso se obtiene de los bosques, del aprovechamiento de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos. Pero, paralelamente, un amplio porcentaje de estas fuentes son afectadas por agresivos procesos de cambio, degradación y usos no sostenibles; teniéndose una disminución de la capacidad de los ecosistemas para satisfacer las demandas de las poblaciones y los territorios.
En este contexto, la Administración Solís Rivera asume la responsabilidad de dirigir las acciones del Ministerio de Ambiente y Energía a la mitigación de estos efectos globales, a la consecución de equilibrios significativos entre conservación y desarrollo y la atención de problemáticas internas que se venían acumulando de varias décadas atrás producto de una deficiente planificación y administración de los recursos naturales.
Al amparo del mandato constitucional de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se plantean tres objetivos sectoriales fundamentales dentro del Plan Nacional de Desarrollo: fortalecer la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y cultural; fomentar acciones frente al cambio climático global y suplir la demanda de energía del país mediante una matriz energética que asegure el suministro óptimo y el uso eficiente de energía.
En el marco del cumplimento de estos objetivos, pueden visualizarse avances positivos a dos años de gobierno, y es importante señalar algunos de los más importantes:
En cuanto a la gestión de la biodiversidad, se da un importante proceso de reorganización del Sistema de Áreas de Conservación (SINAC), dirigido al ordenamiento del territorio, la participación ciudadana y una mejor gobernanza. Este proceso viene acompañado del traslado del Fondo de Parques Nacionales para la atención exclusiva de las Áreas Silvestres Protegidas tal y como dicta la ley, dado que dicho fondo, por decisiones de administraciones anteriores, se utilizó para cubrir los salarios del personal del SINAC.
Asimismo, se oficializó la Política Nacional de Biodiversidad que se orienta a la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la misma. Paralelamente se puso en marcha el Fondo de Biodiversidad Sostenible con el objetivo de beneficiar pequeños y medianos propietarios que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y se encuentren en situación de rezago social.
En materia de energía se elaboró y oficializó el Plan Nacional de Energía 2015-2030, de manera históricamente participativa y con el fin de reafirmar acciones para garantizar una matriz energética renovable y acciones radicales en materia de electricidad, transporte y combustibles. También, y tras años de estancamiento se generó finalmente el Reglamento de Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables, que permite que la generación distribuida para autoconsumo sea una alternativa para que los abonados generen electricidad mediante fuentes renovables con el propósito de satisfacer sus necesidades, funcionando en paralelo con la red de distribución eléctrica.
En el componente de gestión ambiental, se ha dado un robusto proceso de restructuración de la Secretaria Técnica Ambiental, orientado a la simplificación de trámites y estandarización de procesos, así como a la superación de debilidades en aras de garantizar el equilibrio necesario entre desarrollo y protección que debe cumplir la entidad.
Por cuanto al recurso hídrico, se ha dado un énfasis al Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste que contempla 52 proyectos, de los cuales 11 ya fueron ejecutados, 15 están en diferentes niveles de avance y 26 iniciarán en la presente administración. Además se ejecutan dos programas prioritarios: el proyecto del Sistema de Monitoreo de las Aguas Subterráneas en Tiempo Real (SIMASTIR) que implementa una red nacional de monitoreo de agua subterránea automatizada, para la gestión eficiente del recurso hídrico y el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (SINIGIRH) que integra la información del sector hídrico para compartir datos, visualizar el componente espacial y realizar análisis multidimensionales relativos a la Gestión Integrada del Recurso Hídrico en Costa Rica, con acceso oportuno, trazable y expedito a los usuarios de organismos públicos y privados, comunidades y público en general.
Un reordenamiento de la gestión ambiental pública orienta de manera transversal estos procesos. La generación de políticas de alto alcance e integradas ha sido el bastión para propiciar una planificación ordenada del sector ambiente dirigida a mitigar y prevenir impactos, conservar el patrimonio y aprovechar los recursos de manera sostenible. Una gobernanza ambiental difusa se comienza a dibujar de mejor manera mediante un claro compromiso con las actuales y futuras generaciones de garantizar un ambiente sano y mantener el basto patrimonio natural que ostenta Costa Rica a nivel mundial.
