Ante el contexto actual manifestamos lo siguiente:
• El país debe demostrar su total repudio a la violencia contra las personas, familias, comunidades y sectores productivos que sufren el impacto de los bloqueos en las carreteras.
• Las acciones de los grupos que violan el derecho constitucional a la libertad de tránsito, dañan a toda la población. Pero la afectación es mayor para aquellas personas que no pueden llegar a sus lugares de trabajo, personas adultas mayores, niños y niñas o mujeres embarazadas que requieren asistencia médica. También se afecta a los productores que requieren el transporte de mercaderías.
• Respetamos el derecho a la manifestación pacífica, pues la violencia desvirtúa cualquier acto y no contribuye a la resolución de los grandes problemas nacionales. Reiteramos la necesidad de diálogo en país, pero a partir de demandas y exigencias claras y coherentes. Por eso, denunciamos que las peticiones de algunos sectores son producto de una campaña orquestada y articulada, con intereses nocivos de desinformación. Esto es una amenaza permanente a nuestra democracia que no debe ser permitida, pues produce desestabilización.
• Demandamos agendas claras y abiertas para la negociación transparente frente a la ciudadanía. Rechazamos el interés oculto de los transportistas de oponerse al Tren Eléctrico Limonense de Carga (TELCA), proyecto que impactaría positivamente la economía nacional.
• Estamos absolutamente comprometidos con la institucionalidad del país, como pilar indipensable de la vida democrática que ha construido Costa Rica. Esto debe ser una norma de todos los actores políticos, sociales, territoriales y económicos del país.
• Reconocemos la alta mira de intereses nacionales que tuvo el señor Exministro de Educación, Edgar Mora Altamirano, ya que como el mismo lo consigna en su carta al Presidente de la República, su renuncia viene a contribuir a favorecer un clima de respeto, fraternidad y convivencia. Tal como él lo indica, seguimos comprometidos en una agenda política en la cual debemos consolidar las acciones de quienes no han tenido las oportunidades que la educación brinda y quienes han tenido estrechas oportunidades para no concluir sus estudios. Y sobre todo disminuir las grandes brechas que imponen la falta de estudio y las diferencias de calidad de los servicios públicos en las diversas regiones del país.