Se requiere una ley para regular el uso de tecnologías de vigilancia que recopilen datos biométricos de la ciudadanía.
La Procuraduría General de la República (PGR) opina que las municipalidades deberían contar autorización legal para poder instalar cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial.
El diputado Enrique Sánchez Carballo, quien solicitó la opinión de la PGR sobre el tema, considera que el acceso irrestricto de los datos biométricos de las personas transeúntes, sin una ley que establezca límites a los ayuntamientos, es un grave riesgo para los derechos humanos de la población.
“ Este tipo de tecnologías han sido catalogadas en Europa como de alto riesgo, porque los datos biométricos son datos sensibles, cuyo uso debe regularse por medio de normas que aclaren el alcance y objetivos de tales sistemas de vigilancia. La falta de leyes puede generar casos de discriminación o violaciones a los derechos de intimidad, libertad y secreto de las comunicaciones. Por eso, es necesaria una norma que brinde garantías a la ciudadanía y prohíba los abusos de los Poderes del Estado”, indicó el legislador.
La Procuraduría concluye que el uso de dichos métodos requiere de una ley en la que se defina el fin público que persigue, parámetros para el tratamiento de los datos, permisos de acceso y el régimen sancionatorio en caso de incumplimientos de la norma.