• Urge debatir proyecto de “puertas giratorias” para regular movimiento de personas entre los sectores público y privado.
Costa Rica tiene vacíos en la legislación para atender casos como el reciente nombramiento de Bernardo Alfaro, quien pasó de ser superintendente de entidades financieras a gerente general del Banco Nacional, en pocas horas.
Este nombramiento careció de un concurso público y de una evaluación amplia; por el contrario, fue fruto de un proceso poco transparente que lo aleja de las buenas prácticas del gobierno corporativo, mismas que, como lo ha señalado el ministro de Hacienda Elián Villegas, están orientadas a fortalecer la rendición de cuentas de las instituciones y empresas del Estado.
En noviembre del 2019 la fracción del Partido Acción Ciudadana presentó ante la corriente legislativa el proyecto “Puertas Giratorias” Ley de resguardo a la imparcialidad en las decisiones de altos funcionarios y funcionarias públicas, con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar posibles conflictos de interés, en que puedan incurrir personas que se mueven de puestos de trabajo entre los sectores público y privado.
El proyecto presentado en el artículo 4 es claro en las regulaciones que se deben tener, en este caso en actividades de supervisión y regulación, como sería el caso del exsuperintendente. Al respecto indica acerca de “las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese. Los altos exfuncionarios y ex funcionarias públicas, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán laborar ni prestar servicios, a título personal o mediante estructuras jurídicas, en entidades privadas o públicas en competencia que estuvieren dentro del ámbito de competencias, supervisión, regulación o funciones del cargo público que ocupaban, o fueren destinatarias de sus decisiones”.
Cuando se promueve reiteradamente el nombramiento de regulados en reguladores y viceversa, se crea una práctica perversa que lleva a la defensa de intereses gremiales que no necesariamente atienden los intereses de la sociedad.
La Junta Directiva del Banco Nacional debe tomar nota de este estándar de buena práctica en aras de la transparencia y del interés público.