– Normativa vigente con 20 años de antigüedad, no permitía la debida optimización de los recursos ni un mejor alcance de los objetivos institucionales.
Con la aprobación en segundo debate de la nueva Ley General de Contratación Pública (Expediente Nº 21.546), la Asamblea Legislativa le brinda al país una herramienta que permitirá procedimientos más simples, eficaces y transparentes para la contratación pública.
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carolina Hidalgo Herrera, celebró este importante avance, ante una normativa obsoleta, emitida hace 20 años, y que hasta ahora, ha venido complicando notoriamente la optimización de los recursos del Estado.
“Esta Asamblea trabaja en esta reforma desde año y ocho meses, que si bien, no es del todo conocida por la opinión pública, tiene un impacto grandísimo en el desarrollo de nuestro Estado, el uso de fondos públicos y, sin duda alguna, la transparencia de cara a la ciudadanía”, comentó la legisladora Hidalgo.
Esta nueva Ley General de Contratación obliga a todas y cada una de las instituciones del Estado que empleen fondos públicos, a utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) para sus contrataciones y compras.
Esto quiere decir que cualquier persona podrá ver qué quiere contratar el Estado o cuáles productos quiere comprar.
Según estimaciones de la Contraloría para el año 2020, sólo este aspecto de la ley le ahorrará a Costa Rica unos 557 mil millones de colones, en el plazo de cinco años.
Por ejemplo: para una compra de computadoras en 2014, cada unidad de estas costó 632 mil colones más barata por el uso de la subasta a la baja.
“Pero esta ley no sólo nos ahorrará dinero, sino que nos ahorrará tiempo. Y el factor tiempo en el proceso de compras públicas es crucial para el logro de objetivos institucionales que se persiguen de una manera más ágil. Esta reforma potenciará la planificación adecuada, eficiente y oportuna como la base sobre la cual estarán los procedimientos de contratación”, agregó Hidalgo.
La legisladora también destacó que la nueva Ley atiende la preocupación de las empresas e instituciones públicas, sobre todo en competencia, sobre la posible vinculación a las políticas de planificación e inversión pública.
En el caso del Art. 68 se precisa la redacción del artículo para que el ICE y sus empresas en competencia y las distribuidoras como la JASEC y la ESPH, puedan utilizar un procedimiento especial en materia de contratación de bienes, obras o servicios con el fin de atender adecuadamente el mejor interés público.