Asamblea Legislativa:
La Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) respalda la lucha de los vecinos de Playa Cabuyal, quienes durante más de una década han exigido la devolución de las 69 hectáreas de Zona Marítima Terrestre (ZMT) que fueron irregularmente registradas por la familia Román-Ocampo.
“La familia política afincada en Guanacaste logró que la Municipalidad de Liberia les visaran los planos de Playa Cabuyal, incluso en contra del criterio del órgano jurídico municipal. Tal nivel de atropecho a leyes costarricenses es causa de vergüenza nacional que debe ser corregido cuanto antes por los tribunales correspondientes”, explicó Cambronero Arguedas.
En pocos días iniciará el debate del Proceso Contencioso Administrativo, solicitado por la Procuraduría General de la República, para determinar la legitimidad del visado de la propiedad. La Asociación por el Rescate de la Zona Marítimo Terrestre (AREZOMATE), conformada por vecinos Liberia, Filadelfia y Nicoya, es coadyuvante del proceso y ha recopilado una cantidad significativa de evidencia en contra de la familia Román-Ocampo.
La diputada del PAC, Epsy Campbell Barr, señaló que el PAC instará a la Procuraduría para que utilice el material probatorio recopilado por la comunidad y todos los mecanismos que ofrece el sistema judicial costarricense para defender el patrimonio natural que pertenece a todos los habitantes del país.
“Esas 69 hectáreas de ZMT deben ser pertenecer a los costarricenses y no sólo a un pequeño grupo de personas. Dicho territorio debe ser protegido, al igual que toda variedad de flora y fauna que allí se encuentra. Vamos a velar por que la Procuraduría haga ejercicio de sus plenas competencias para rescatar Playa Cabuyal”, mencionó la diputada del PAC.
Por su parte, la diputada del PAC, Emilia Molina Cruz, indicó que la lucha de los vecinos de playa Cabuyal es absolutamente justificada, pues la ZMT debe pertenecer a las presentes y futuras generaciones de costarricenses.
“La Zona es Patrimonio Natural del Estado y se ubica en la zona geográfica aledaña al Parque Nacional de Guanacaste. Permitir su explotación por parte de manos privadas es un riesgo inaceptable para un país comprometido con la conservación del medio ambiente”, finalizó Molina Cruz.