Prejuicios, estereotipos y barreras físicas o comunicativas, son algunos de los obstáculos que deben afrontar las personas con discapacidad en los tribunales y otras instancias del sistema de administración de la justicia ( Expediente N°20.840)
Por ello, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Catalina Montero Gómez, presentó a la corriente legislativa el proyecto de ley que adiciona un capítulo de acceso a la justicia a la ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.
La iniciativa incorpora nuevas medidas en el ordenamiento jurídico, para que todas las personas con discapacidad accedan sin discriminación alguna a los servicios judiciales.
“Costa Rica es un país con liderazgo mundial en la defensa de los derechos humanos. Esa es la vía de desarrollo inclusivo y democrático que elegimos. Por eso, debemos realizar todo esfuerzo por eliminar las barreras que imposibilitan el acceso a la justicia a una población vulnerada como las personas con discapacidad”, explicó la legisladora del PAC.
Montero Gómez señaló que el proyecto incluye acciones como campañas sobre los derechos de las personas con discapacidad y procedimientos simplificados para atender a dicha población. Además, se garantizan recursos para construir infraestructura apropiada a sus necesidades.
“Persisten aún gran cantidad de prejuicios y mitos en contra de las personas con discapacidad, que pueden lesionar sus derechos. Por ejemplo, la creencia de que una persona con discapacidad mental es propensa a cometer crímenes o actos de violencia. Esa esa clase de estereotipos que debemos combatir, con campañas de sensibilización”, indicó la legisladora.
Otro punto incluido en la iniciativa es el derecho de toda persona con discapacidad auditiva a contar con una persona intérprete de lengua de señas. Además, las personas con discapacidad o cognitiva visual tendrán derecho a recibir cualquier comunicación en formato accesible.
El sistema de administración de justicia también deberá priorizar la atención, resolución y ejecución de los casos por parte de los órganos del sistema de justicia.