Modernizar el marco jurídico es necesario para acabar con el mercado informal de empresas, la competencia desleal en el sector y mejorar los controles ante la pérdida de armamento.
Diputados y diputadas de diversas fracciones suscribieron el proyecto de ley que moderniza el marco jurídico bajo el que operan los servicios de seguridad privados y lo ajusta a las actuales condiciones en un sector que ha crecido durante los últimos años.
El texto de la iniciativa es el resultado del trabajo en conjunto desarrollado por el Ministerio de Seguridad y organizaciones representantes del sector: Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES), la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad (CNIS) y la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad (ANESEP).
Tanto el Ministerio como las organizaciones concuerdan que la actual legislación es inapropiada para asegurar un adecuado desarrollo de las empresas de seguridad privada. Consideran necesario crear un esquema sancionatorio efectivo para mejorar la potestad fiscalizadora de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada. Esto facilita tomar medidas para combatir el mercado ilegal de estas empresas, en donde ocurren frecuentes irregularidades.
Además, la iniciativa mejora regulaciones sobre la utilización de armas de fuego en las actividades de seguridad privadas, tomar medidas para garantizar los derechos laborales de los agentes y mejorar su entrenamiento.
El proyecto de ley fue firmado por los diputados y diputadas Enrique Sánchez Carballo, Carolina Hidalgo Herrera, Floria Segreda Sagot, Ignacio Alpizar Castro, Roberto Thompson Chacón, Jorge Fonseca Fonseca y Harllan Hoepelman Paéz.
A enero del año 2020 en Costa Rica se registran 726 empresas de seguridad privada dedicadas a varias modalidades de servicio, con 28.976 agentes de seguridad, y 24.352 armas inscritas.