• Víctimas directas o indirectas del femicidio recibirían medidas de reparación
En el marco de la conmemoración del Día Internacional y Nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hoy 25 de noviembre, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) presentó con el respaldo de las diputadas y diputado integrantes de la Comisión de la Mujer, un proyecto de ley que busca proteger a las personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad que sobreviven a las víctimas de femicidio.
La propuesta contempla otorgarles una remuneración mensual de 143 mil colones, que serían financiados con un 3,5% de los recursos que el Ministerio de Seguridad percibe por concepto del impuesto a las personas jurídicas.
De las 11 mujeres que han muerto por femicidio en lo que va de este año, 8 eran madres, con lo que 11 hijos e hijas menores de edad fueron perjudicados. Se estima que son 473 menores de edad los que se encuentran en esta condición.
El proyecto de Ley busca evitar: 1.- que las personas menores de edad caigan en la pobreza o exclusión social como consecuencia de la pérdida de su progenitora, cuidadora o proveedora, 2.- limitaciones económicas para los y las familiares o personas encargadas de la guarda crianza de la persona menor de edad, adulta mayor o con discapacidad, y 3.- que se trunque el acceso de las y los menores a oportunidades de desarrollo por esta situación.
Además, busca ofrecer atención especializada a las y los menores frente a las secuelas del trauma producido por el femicidio y brindarles protección continuada para no sigan expuestos a entornos o personas perpetradoras de violencia, con el fin de romper con ese patrón de conducta en generaciones posteriores, lo que solo conllevaría más dolor en las familias.
Responsabilidad del Estado
Para la diputada Nielsen Pérez, Jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana y Secretaria de la Comisión de la Mujer, esta iniciativa responde a la responsabilidad que tiene el Estado con las niñas y niños y personas dependientes, ante su imposibilidad de proteger a las mujeres del peligro que corren por su condición de género.
“Es de gran peso la responsabilidad que tenemos de sacar adelante este proyecto que hemos recibido hoy de manos de la señora Patricia Mora, pues viene a trabajar por la protección de las personas víctimas directas o indirectas del femicidio y lo hace desde un concepto de reparación del daño. Cuando un Estado no puede proteger, le corresponde la reparación desde un concepto integral, que tiene que ver con un estipendio, educación, vivienda, salud, así como con la asistencia legal y psicológica para estos niños y niñas” comentó la diputada Nielsen Pérez.
El régimen de reparación integral para personas que resulten víctimas directas e indirectas de femicidio será supervisado por el INAMU.
Este régimen es una de las medidas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el incumplimiento de los Estados del principio de debida diligencia en protección de las personas, que se materializa en las muertes violentas contra las mujeres por razones de género, y que le genera al país una obligación estatal de reparación de acuerdo al derecho internacional de derechos humanos.