• Iniciativa contribuirá a reducir el hacinamiento carcelario
Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, dictaminaron de manera unánime, el proyecto que facilitará la aplicación de la pena de prestación de servicios de utilidad pública.
Dicha pena consiste en que las personas condenadas presten servicios gratuitos, en instituciones estatales u organizaciones privadas sin fines de lucro, declaradas de interés público.
También se promueve, como pena alternativa, que la persona condenada realice estudios en el centro de estudio de enseñanza apropiado para sus condiciones personales.
La redacción actual del 56 bis del Código Penal, provoca que dichas penas alternativas sean inaplicables. La iniciativa dictaminada mejora el texto del numeral y puntualiza los requisitos para la prestación de servicios de utilidad pública.
Cuando una persona comete un delito menor, en vez de ir a prisión se le dará la posibilidad de realizar trabajo comunitario o socioeducativo para redimir a la sociedad, si se cumplen los siguientes requisitos:
• Que la pena impuesta sea menor a 5 años
• No haya utilizado armas ni actuado con violencia
• No tener antecedentes penales de delitos dolosos
• Que no sea un delito de crimen organizado, deberes contra la función pública, delitos sexuales, homicidio doloso o feminicidio.
“La posibilidad de aplicar las penas de prestación de servicios de utilidad pública, va a contribuir a bajar los índices de hacinamiento carcelario. Por eso, la aprobación de esta iniciativa es prioritaria en materia de seguridad” indicó el diputado del PAC, Marco Vinicio Redondo Quirós.
El legislador del PAC abogó por la posibilidad de incluir en el texto la posibilidad de incluir los estudios como pena alternativa.
Si la persona beneficiada de la pena alternativa la incumple, el proyecto establece que se le revocará y deberá cumplir la pena de prisión originalmente impuesta.