Presentación en la Asamblea:
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Epsy Campbell Barrr, presentó a la corriente legislativa el proyecto de ley de protección al consumidor crediticio.
La iniciativa provee herramientas legales para la defensa y cumplimiento de los derechos de las personas que utilizan servicios de crédito de cualquier naturaleza, como los de prestamistas, casas de empeño, financieras, operadoras de tarjetas, negocios de venta de electrodomésticos, agencias de viajes, etc.
“Los hábitos de consumo variaron significativamente y el uso del crédito para adquirir productos y servicios es parte de la rutina diaria de las personas para satisfacer sus necesidades. Lamentablemente, esta nueva dinámica no ha sido acompañada de un marco jurídico para la protección de nuestros derechos como consumidores, lo cual ha provocado abusos que es nuestra responsabilidad detener” señaló Campbell Barr.
“El crédito se utiliza para una gran variedad compras. Por ejemplo, para adquirir vehículos, viviendas, electrodomésticos o planes postpago de celulares. También centros educativos privados y clubes de viaje ofrecen alternativas crediticias. Incluso hay opciones de financiamiento para y cirugías estéticas”, indicó la legisladora.
El texto propone La Defensoría del Consumidor Crediticio. Dicha entidad, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, será la encargada de velar por los derechos de los consumidores crediticios y la revisión de los contratos de adhesión utilizados por los prestadores de servicios de créditos para anular cualquier cláusula leonina que contengan. Podrá también atender consultas, realizar procesos conciliatorios, crear programas de educación y formación sobre productos crediticios y cualquier otra acción protección de los derechos de los usuarios.
Se contemplan instrumentos de defensa como la dación en pago obligatoria, que permite a un deudor liberarse de su deuda entregando el bien cuya adquisión dio lugar a la deuda.
Se prohíbe el acoso telefónico, los cargos adicionales por gestión de cobro, las comisiones por prepago, las multas adicionales diferentes al interés moratorio, por atrasos en el pago de intereses o cuotas pagadas.
Otro derecho de los consumidores será el derecho a escoger la cantidad de cuotas que quiere pagar, en el momento de optar por un servicio de crédito.
La iniciativa es apoyada por La Asociación Pro Defensa del Consumidor (APRODECO). Su Directora Legal, Adriana Rojas Rivero, manifestó que, al no existir una reglamentación especial en el tema de consumo crediticio, las entidades que ofrecen financiamiento, han establecido cláusulas contractuales que generar importantes daños económicos a los consumidores
“Muchas personas han perdido su vivienda, sus bienes o sus pequeños negocios por la falta de una apropiada regulación. Esto daña a la totalidad de la economía costarricense y es un obstáculo para el desarrollo nacional”, mencionó Rojas Rivero.
“La situación de los consumidores sin un marco normativo especial los convierte muchas veces en esclavos de sus propias deudas”, señaló Campbell Barr.