Expediente 20.595:
El Proyecto de ley N°20.595, Ley de Eficiencia en la Asignación del Gasto Público fue dictaminado en la Comisión de Hacendarios el martes pasado. Esta propuesta autoriza al Ministerio de Hacienda para incluir en el presupuesto de la República las transferencias presupuestarias necesarias para garantizar el financiamiento de las instituciones y programas de desarrollo social y económico.
La propuesta establece criterios para la asignación presupuestaria, donde la Dirección General de Presupuesto Nacional realizará dicha asignación salvaguardando el efectivo cumplimiento de los derechos que se pretenden financiar y el principio de progresividad de los derechos humanos.
“Hemos sido muy cuidadosos en respetar el financiamiento para las instituciones que tutelan nuestros derechos humanos. El proyecto ciertamente deroga una serie de disposiciones legales en cuanto a destinos específicos, pero define que la Dirección General de Presupuesto Nacional realizará la asignación presupuestaria en apego al principio de progresividad de los derechos humanos y que esa asignación no podrá ser inferior al presupuesto vigente en el momento de aprobación de la ley.” señaló el diputado proponente Steven Núñez Rimola, del Partido Acción Ciudadana.
“No se deja a ninguna institución sin financiamiento. La propuesta establece que en el caso de los destinos específicos que no estén expresamente dispuestos en la Constitución Política, o que el financiamiento no provenga de una renta especial, entonces el Ministerio de Hacienda incluirá un monto en el Presupuesto, acorde al estado de las finanzas públicas” agregó la diputada proponente Marcela Guerrero Campos, también del Partido Acción Ciudadana.
Esta iniciativa tiene dos objetivos: en primer lugar, disminuir la rigidez del presupuesto nacional y reducir la presión de los destinos específicos en las finanzas públicas a mediano plazo; y en segunda instancia, crear nuevos criterios de asignación presupuestaria a los destinos específicos legales, acordes con las metas y objetivos de las instituciones y la disponibilidad de recursos del Estado y en cumplimiento a señalamientos del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República.