– Comisión reitera que desalojos de personas indígenas en sus propios territorios son injustificable.
– Se debe poner un alto al posible conflicto de interés en los estrados judiciales que obstruya el acceso a la justicia imparcial.
Esta mañana, la Comisión de Derechos Humanos sesionó para continuar con el proceso de escucha a las comunidades indígenas, a propósito de la investigación en curso sobre las responsabilidades del Estado en el caso del asesinato del dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, así como las acciones adoptadas en protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, como se lo ordenó la Comisión Intermericana de Derechos Humanos al gobierno desde el año 2015.
En esta sesión, se dio audiencia a líderes Indígenas de Taribe y Bribri de Salitre y a representantes del Consejo Ditsö Iriria Ajknok Wakpa; comunidades de la Zona Sur del país.
Tras escuchar sus planteamientos, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Nielsen Pérez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, enumeró las acciones concretas que deben acompañar las conclusiones a las que llegue ese órgano, en el marco de esta investigación.
“Lo primero es manifestar, una vez más, que es inaceptable que los pueblos indígenas sean desalojados de sus propios territorios. Los territorios indígenas significan vida, cultura, identidad. Negarles este recurso vital es condenarlos a la extinción cultural y patrimonial. No se justifica que por más de 70 años, estas personas sigan siendo despajados de su tierra, cuando este Estado les garantizó un territorio donde pudieran continuar con sus costumbres y enriqueciendo nuestra identidad nacional”, señaló la legisladora.
También se refirió a la necesidad de revisar y actualizar el proyecto de ley de autonomía de los pueblos indígenas, para que esta iniciativa, que fue archivada, sea puesta nuevamente en la corriente legislativa. De igual manera, impulsar un trabajo de incidencia ante el Poder Judicial para que se detengan los desalojos y urgir una intervención para resolver los conflictos de intereses a la hora de analizar los casos y juzgar a las personas indígenas.
Además, se refirió a la necesidad de retomar el proyecto de reforma constitucional que crea una jurisdicción electoral específica, que también fue archivado, para que los pueblos indígenas tengan representantes de elección popular en la Asamblea Legislativa, como mecanismo para garantizar la representatividad política y defensa de los legítimos intereses de estas comunidades.
“A las personas indígenas se les debe tomar en serio, porque son costarricenses. No pueden ser considerados ciudadanas y ciudadanos de segunda categoría”, enfatizó la legisladora Pérez.
“Costa Rica ha reconocido ser un país multiétnico y pluricultural, pero qué puede significar esto, sin realmente asumir la cosmovisión y necesidades de todas las personas y sus territorios, y actuar en consecuencia. Hoy se cumplen 28 años de la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y nuestra legislación no ha sido actualizada a la luz de ese convenio y ni de tantos otros que el país ha ratificado respecto a los derechos humanos de esta población”, agregó.
Al finalizar, las y los diputados integrantes de la Comisión acordaron establecer un plan de trabajo, para realizar una gira en los territorios indígenas, a fin de ampliar el proceso de escucha y atención a las necesidades de los pueblos indígenas.